El 24 de mayo habrá un alcalde en el banquillo de acusados en el viejo edificio judicial de Ourense, y otro esa misma mañana en el nuevo. Ese día van a juicio dos regidores de la provincia. Otros dos primeros ediles rendirán cuentas por lo penal en los meses de abril y octubre. Son 4 los alcaldes en activo a quienes los tribunales pueden poner en problemas y condicionar su futuro, aunque todos ellos defienden su inocencia y buscan una absolución. A tres los acusa la Fiscalía. Temporalmente de baja de la militancia desde la apertura de juicio oral -así lo obliga el código ético-, tres son del Partido Popular, que domina la provincia con hegemonía (61 alcaldías con mayoría absoluta). Solo uno tiene la vitola de independiente. Todos han descartado dimitir hasta que haya una sentencia.
Salvo cambios con el señalamiento o una suspensión el día previsto, el primer regidor de la lista en afrontar un interrogatorio en el banquillo será Manuel Velo. El 25 de abril, a las 11.40 horas, el alcalde del PP en A Merca se enfrenta a una petición por parte de la Fiscalía de 5 meses de inhabilitación pública más una posible multa de 700 euros. Está acusado de un delito de desobediencia, por retrasarse presuntamente en el cumplimiento de una sentencia de derribo de una casa, en un proceso judicial que comenzó hace 20 años, cuando todavía no era alcalde. La vivienda finalmente fue demolida a principios de 2015 tras un largo proceso contencioso.
Velo, que gobierna el concello ourensano de A Merca (2.021 habitantes) con mayorías absolutas renovadas desde su llegada al cargo en 2003, dijo a FARO tras conocerse su imputación que sí hubo un retraso en la ejecución de la sentencia, pero "en ningún momento tuve la intención de no ejecutar la sentencia".
El mismo juzgado, el Penal 1 de Ourense, cita al regidor independiente de Trives (2.191 habitantes), Francisco José Fernández, para el 24 de mayo a las 9.30 horas. Está acusado de prevaricación. Se enfrenta a una solicitud de 8 años de inhabilitación por parte de un exconcejal del PSOE, única acusación. El exedil culpa al alcalde de levantar un pleno en 2014, en el que se planteaba su recusación, sin permitir debate ni voto, y sin dar la palabra al secretario, pese a que la pidió dos veces para advertir de ilegalidad. El regidor, que es abogado de profesión, niega delito. En instrucción, adujo que el acuerdo que se iba a adoptar en la sesión sería ilegal puesto que ya se había abstenido.
El 24 de mayo comienza la vista oral contra Ventura Sierra. Continuará al día siguiente. Una petición por parte de la Fiscalía y los denunciantes de 5 años de cárcel y 14 de inhabilitación pesa sobre el veterano alcalde de Vilariño de Conso (586 vecinos), al mando en el pequeño concello del Macizo Central ourensano desde hace casi 40 años; con el PSOE desde el inicio de la democracia y con el PP a partir de los noventa salvo por un breve parón de 2 años. De los cuatro es el que se expone a una mayor pena, como acusado de prevaricación y falsedad documental por varios contratos presuntamente a dedo. Es el único juzgado por la Audiencia Provincial. Sierra está imputado por más de una veintena de contrataciones ilegales en 2012 y 2013, sin seguir supuestamente el debido proceso administrativo y con reparos. Él admite irregularidades administrativas pero no una intencionalidad delictiva: "No se hizo publicidad, se contactó con el INEM para mirar por el bien de la gente sin trabajo del concello", dijo a este diario. Ventura Sierra niega enchufismo: "No pregunté a nadie a quién votaba".
El caso parte de una querella suscrita por los dos entonces ediles del PSOE y uno de la agrupación independiente AIVIC, el único grupo que ahora rivaliza con el PP en la corporación (4 concejales frente a 3), y al que pertenecen los 3 denunciantes tras las últimas municipales (uno fue en la lista pero no consiguió escaño).
El último en pasar el mal trago será Antonio Pérez, alcalde de Xinzo de Limia desde octubre de 2010. Como sus compañeros, ya no pertenece al PP -pidió la baja de la militancia al abrirse juicio oral-, aunque el partido lo mantiene en el poder. El Penal 1 de Ourense ha reservado la semana del 2 al 6 de octubre para resolver si cometió un delito de prevaricación continuada.
La Fiscalía y el principal sindicato del ayuntamiento, la CIG, piden 10 años de inhabilitación. La Fiscalía sostiene que, entre 2012 y 2013, el regidor contrató por decreto, para relaciones temporales, a dos peones de la limpieza, una limpiadora y una auxiliar administrativa. En otras ocasiones, según el ministerio público, el regidor "prescindió del acto administrativo expreso del decreto de Alcaldía, procediéndose directamente a elaborar los contratos con las personas por él designadas previamente" (5 contratos de este tipo a 4 trabajadores). La defensa esgrime que ni el secretario-interventor ni su adjunta advirtieron de ilegalidad y que sus informes contrarios fueron redactados "en fechas muy posteriores" a los contratos, hasta 6, 7, 8 o 9 meses después.
