Un real decreto del Ministerio de Justicia publicado el 4 de marzo anunciaba la supresión de los registros de la propiedad de cinco municipios de la provincia, en concreto los de Bande, Celanova, Pobra de Trives, Ribadavia y Viana do Bolo, al considerar que tienen "bajo rendimiento", es decir que tramitan menos de un millar de expedientes anuales.
Según este real decreto, la provincia de Ourense pasaría a contar con ocho de los trece registros de la actualidad. Bande y Celanova dejarán de tenerlo para depender de Allariz; Trives se integrará en O Barco; Ribadavia, en O Carballiño, y Viana do Bolo, en Verín.
Esta supresión dejará sin servicio en sus respectivos municipios a 58.518 vecinos de 38 ayuntamientos, según los cálculos realizados por los cinco ayuntamientos afectados, cuyos respectivos alcaldes comparecieron ayer en la Diputación de Ourense para denunciar "este nuevo ataque y desmantelamiento de servicios para el rural de la provincia" .
Los cinco alcaldes comparecieron para denunciar esta situación, acompañados por el vicepresidente de la Diputación, Rosendo Luis Fernández, en nombre de esta institución que, "como concello de concellos, apoya totalmente a estos ayuntamientos afectados", señaló.
El alcalde de Bande, José Antonio Armada; el de Celanova, José Luis Ferro; el de Pobra de Trives, Francisco José Fernández, y los de Ribadavia, Ignacio Gómez, y Viana do Bolo, Secundino Fernández comparecieron ayer para denunciar una decisión ministerial que además se ha anunciado con total premura y debe estar ejecutada ya en el mes de junio de este año, indican, con la consiguiente incertidumbre laboral también para los trabajadores que se ocupaban de estas oficinas.
"Para nosotros es inaceptable la supresión de este servicio, basada exclusivamente en número de asientos presentados o en interinidades prolongadas en la titularidad de las plazas, obviando emplear criterios propios de un servicio público, como es la cercanía al ciudadano, desconociendo la realidad de nuestro país y menoscabando la posibilidad de acceso presencial la este servicio", explicó el vicepresidente de la Diputación de Ourense, Rosendo Luis Fernández.
Por su parte, el alcalde de Pobra de Trives fue el encargado de dar lectura a un escrito en el que se resumía el sentir de todos los los ayuntamientos afectados. Los regidores ratificaron que "rechazamos que el Ministerio de Justicia haya acordado el cierre de los Registros de la Propiedad desatendiendo los informes desfavorables remitidos años atrás desde los ayuntamientos afectados. Una decisión que además se adopta ahora, cuatro años después, sin ningún tipo de explicación previa más que la que aparece recogida en la propia norma".
En ese mismo sentido, Francisco José Fernández puntualizó durante la lectura de este manifiesto que todos los alcaldes "queremos destacar que para la modificación de la demarcación territorial de los Registros de la Propiedad se emplean criterios inaceptables. Ni siquiera se justifica en un ahorro para la Administración, pues el servicio lo pagan directamente los ciudadanos".
Por ello reclaman "que se mantenga el actual mapa de los Registros de la Propiedad. El mantenimiento de estas oficinas "es cuestión de justicia, pues mientras estamos hablando de apoyar el despegue del rural se suprimen servicios para los vecinos", lamentaba el alcalde de Bande.
Ayer mismo el regidor de Viana do Bolo, Secundino Fernández, daba cuenta de la moción pleno municipal en el que rechaza la supresión del Registro de Propiedad de ese concello. Los otros municipios mantendrán posturas similares o realizarán escritos consensuados con la oposición, según señaló Armada, para pedir al ministerio que derogue este decreto "que supone un nuevo varapalo para el rural".
