El Colegio de Abogados de Ourense felicitó ayer la decisión del Gobierno de dejar sin efecto el cambio de criterio de la Dirección General de Tributos en relación a la aplicación del IVA a los letrados del turno de oficio, un gravamen del 21% que, en todo caso, no repercutiría en los beneficiarios del servicio jurídico, sino en las administraciones con competencias. Esta medida, fruto de una consulta vinculante, había entrado en vigor el pasado 26 de enero generando "un gran rebumbio", en palabras de la decana de los abogados ourensanos, Pilar López-Guerrero, ya que las propias administraciones "no sabían muy bien" como gestionar esta novedad.

En el caso de Galicia, donde existe delegación de competencias, la Xunta asume el coste que genera la justicia gratuita en los diferentes partidos judiciales de modo que, en caso de haber prosperado esta medida, también tendría que soportar el sobregasto que supondría la aplicación del impuesto. En relación con esto, la decana de los abogados quiso dejar claro ayer que "no era el IVA de los abogados como se ha dicho, sino de la justicia gratuita", insistiendo en que la abogacía "siempre ha defendido el turno de oficio como un servicio público y obligatorio, y un pilar fundamental del Estado de Derecho".

Ante la "preocupante" posibilidad de que se aplicase un impuesto a la justicia gratuita, los abogados de Ourense estaban dispuestos a mostrar su rechazo y batallar por un servicio "de gran calidad y ejemplar en toda Europa", según la vicedecana del colegio de abogados y responsable del turno de oficio, Esperanza Fernández Iglesias. Afirma que en toda España hay más de 43.000 abogados adscritos al turno de oficio y prueba de su profesionalidad es que el índice de sanción en todo 2015 entre este colectivo se reduce a un 0,5%.

En Ourense, el servicio desarrollado a lo largo de 2016 en la provincia generó un coste de 1.009.993 euros para la Xunta de Galicia. La administración autonómica es la que debe abonar esta cantidad al Colegio Profesional de Abogados que, a su vez, gestiona la partida asignando a cada letrado lo que le corresponde por procedimientos.

De los 710 abogados en ejercicio en la provincia de Ourense, 364 integran el censo de letrados del turno de oficio. La mayoría, 309, ejercen el partido judicial de Ourense, y el resto se reparten entre Celanova, Bande, O Barco de Valdeorras, A Pobra de Trives, O Carballiño, Ribadavia, Verín y Xinzo de Limia.

Los servicios que asumen estos abogados en la denominada justicia gratuita se distinguen entre designaciones para procedimientos en las diferentes especialidades jurídicas y las asistencias a detenidos que se inician en Comisaría o en dependencias de la Guardia Civil a raíz de un arresto. En 2016 se contabilizaron 2.148 designaciones y 2.612 asistencias a detenidos, lo que suma un total de 4.760 servicios y una media de 13 intervenciones por letrado. El gasto generado, como se dijo, fue de un millón de euros entre designaciones (748.954 euros) y asistencias (261.039), lo que implica un coste medio por abogado de 2.774 euros.

En el ámbito de las designaciones, la resolución de asuntos civiles derivados del matrimonio es la que más actuaciones activó en el turno de oficio, un total de 967 el pasado año, la mayoría (636), en el partido judicial de Ourense. Le siguen los procedimientos penales, con 392, y los específicos de violencia de género, que sumaron en 2016 un total de 262 servicios de justicia gratuita. La especialidad laboral contabilizó 239 intervenciones y las jurisdicciones administrativa y civil 52 cada una. En el ámbito de los menores, el turno de oficio fue solicitado en 10 ocasiones. Del total de 2.148 designaciones realizadas el pasado año en la provincia, más de la mitad, 1.516, corresponden a casos de la capital y su entorno. La media global es de 5,9 asuntos designados al año a cada letrado del turno de oficio en todo el territorio.

De las 2.612 asistencias a detenidos, 1.620 se registraron en el partido judicial ourensano, con una media global de 9 casos por abogado.