El Gobierno necesita el plácet del Parlamento para sacar adelante el decreto-ley de reforma de la estiba y el PSOE parece que no se lo pondrá fácil. El portavoz de la gestora socialista, Mario Jiménez, adelantó ayer el rechazo de su partido a la convalidación de la modificación legal en los términos en que fue aprobado el pasado viernes por el consejo de ministros.
De nada han servido las aclaraciones del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, respecto a que cualquier enmienda que se pretenda incluir al decreto no serviría para frenar la sanción a España por incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, origen y principal justificación esgrimida por el Ejecutivo para impulsar la reforma de la estiba. "En estos términos, evidentemente [con el PSOE] no pueden contar", subrayó Mario Jiménez en una entrevista a Radio Nacional de España recogida por Europa Press, en la que también precisó que no se había producido ninguna conversación sobre este asunto entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la gestora socialista, Javier Fernández.
Para Jiménez lo "lógico" hubiera sido primero consensuar primero el decreto con los sindicatos y la patronal y no después de aprobarlo el consejo de ministros. Entre otras razones porque dijo que la liberalización del sector "no puede ser a costa de las condiciones laborales de los trabajadores" y que "hay que respetar los derechos adquiridos". A juicio de este dirigente socialista, la directiva europea se refiere a "la entrada y salida de esta actividad", pero que su partido aboga por que se mantengan "las condiciones de los trabajadores que están hoy" y el Gobierno "está despreciando esta cuestión".
Europa analiza la nueva ley
En paralelo, la portavoz de Transportes de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen, confirmó ayer que el Ejecutivo comunitario ya está estudiando el Real Decreto Ley de la reforma de la estiba portuaria pero que necesita más tiempo para concretar si se adapta a la sentencia del Tribunal de Justicia Europea. "Estamos estudiándola. Nos llevará algún tiempo antes de que podamos hacer un análisis de la propuesta que el Gobierno español ha hecho y entonces podremos tomar una decisión", justificó en rueda de prensa.
Un vez aprobado por el consejo de ministros, el Gobierno dispone de un mes para buscar los apoyos de los grupos políticos para que sea validada en el Congreso. Por ese motivo, fuentes comunitarias señalaron ayer que Bruselas dado que se trata de un proceso aún en marcha, no adoptarán una decisión formal hasta que no finalice el proceso parlamentario nacional.
