Gobierno y oposición lograron ayer en la Diputación sacar adelante de forma conjunta cuatro iniciativas políticas centradas en la defensa de intereses que afectan de forma directa a los ciudadanos de la provincia y, en particular, a los vecinos de la zona rural. Los grupos políticos consiguieron consenso institucional en propuestas relacionadas con los daños provocados por el temporal, la supresión de puntos de venta de billetes en varias estaciones de tren de la provincia, la brecha digital y la amenaza de la plaga de la patata. Dichos acuerdos serán trasladados a las diferentes administraciones, autonómica y estatal.
La preocupación ante la amenaza de propagación de la plaga de la polilla guatemalteca de la patata, Tecia solanivora, que ya afecta a 31 ayuntamientos del norte de Galicia actualmente en cuarentena, fue objeto de debate y posicionamiento unánime del pleno. La iniciativa de forzar medidas urgentes encaminadas a evitar que la plaga se extienda y pueda alcanzar la comarca de A Limia, que produce una media anual de 11 millones de kilos que tubérculo, partió del BNG e incorporó a propuesta socialista los mismos acuerdos aprobados el jueves por la corporación del Concello de Xinzo.
La defensa de un sector que constituye un pilar fundamental de la economía de la comarca fue unánime. No obstante, la diputada del PP, Montserrat Lama, recordó que la zona no está afectada por la polilla y pidió a los grupos abordar el tema con "seriedad y sin partidismos". Llamó la atención sobre "el daño que las actitudes alarmantes pueden causarle al sector".
El nacionalista Ramiro Rodríguez, replicó que precisamente para asegurar que la comarca continúe cultivando el tubérculo "con total garantía y calidad", es necesario que la Xunta adopte medidas urgentes. "No podemos seguir esperando a que el Gobierno firme una orden y tampoco sirve de excusa que no haya un decreto ley para no poner encima de la mesa todas las cartas", indicó.
Por ello, la Diputación pedirá al gobierno gallego la adopción de un plan específico para el control efectivo de la plaga, con dotación de medios materiales y económicos necesarios para su erradicación y que eviten la propagación en la comarca limiana. También exigirá al Gobierno central la publicación "urgente" del decreto que regule las medidas para controlar y erradicar esta plaga y pedirá a todas las administraciones campañas informativas. Entretanto, la propia Diputación se compromete a realizar análisis y asesoramiento a través del Instituto do Campo.
En relación con el recorte de servicios ferroviarios, a iniciativa del grupo provincial socialista, la Diputación acordó por unanimidad solicitar al Ministerio de Fomento que deje sin efecto la decisión de Renfe y Adif de cerrar los puntos de venta de billetes y atención al viajero en diversas estaciones ferroviarias de Ourense. En concreto, están afectadas las instalaciones de Carballiño, Ribadavia, O Barco y A Rúa-Petín, y posiblemente en el futuro también la de A Gudiña. El diputado socialista, Miguel Bautista, calificó de "intolerable" una medida que, dijo, supone un "castigo" para una provincia aquejada ya de "importantes carencias en servicios públicos y de movilidad". También el diputado del BNG, Ramiro Rodríguez, criticó una decisión "impuesta que nada tiene que ver con nuestra realidad socioeconómica", mientras que Armando Ojea, de Democracia Ourensana, apostó por evitar la supresión de servicios, precisamente, para "frenar la despoblación". El PP, que gobierna con mayoría absoluta, se mostró partidario de defender un servicio "que nos interesa a todos", pero reprochó a la oposición que "nunca presente propuestas para fijar población en el medio rural".
En esta línea, el PSOE presentó una iniciativa para reducir la brecha digital en la provincia que tras sumar varias ideas logró el consenso de la corporación para instar al Gobierno de España a que obligue a los operadores a completar antes del 1 de enero de 2020 una cobertura que permita, como mínimo, al 90% de los residentes en poblaciones de menos de 5.000 habitantes a 30 megabits por segundo. Además, la institución se compromete a elaborar un censo de núcleos de sombra tecnológica para poner en marcha puntos públicos de acceso para el trabajo de pymes y emprendedores del rural.
En cuanto a los daños provocados por el temporal de principios de febrero que dejó sin suministro eléctrico a 60.000 usuarios de la provincia, la Diputación instará a la Xunta a que exija responsabilidades e imponga medidas sancionadoras a las empresas suministradoras de energía por "el mal estado de las infraestructuras" y el "tardío y deficiente operativo de respuesta" ante los cortes de luz.
Todos los partidos, excepto Democracia Ourensana, que se abstuvo, votaron a favor de una moción presentada por el BNG para que el Gobierno gallego realice una "evaluación urgente" de los daños y apruebe una línea de ayudas para concellos, hogares y empresas que sufrieron pérdidas como consecuencia de la falta de suministro.
