El alcalde de O Bolo, Manuel Corzo, declaró ayer en calidad de investigado-imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa, ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Pobra de Trives, por impedir el trabajo de control y fiscalización del PSOE desde la oposición municipal. Una declaración en la que los socialistas aseguran "se hizo el sueco ante la justicia", ya que señalan "descargó toda responsabilidad de sus actos en los funcionarios, asegurando que la secretaria le dijo que, por ley, no podía dar copia de los expedientes".

A mayores le critican que afirmara desconocer el reglamento que obliga a dar respuesta a las peticiones hechas por la oposición.

Asimismo, señalan que Corzo se negó a responder a la totalidad de las preguntas del abogado del edil denunciante, Juan Ferreira, y no explicó, entre otras cuestiones, si dio orden a la secretaria y a una funcionaria para que no se abrieran expedientes sobre las cuestiones formuladas por los socialistas o se denegó el acceso a información relativa a los presupuestos municipales. Sin embargo, apuntan que sí manifestó, a interpelación de su abogado, que algunos de los escritos no fueron respondidos porque no dispone de personal en el concello.

Los socialistas aseguran que Corzo, que lleva 24 años en la alcaldía y que es titulado universitario, no puede escudarse en el desconocimiento de la ley para justificar sus reiterados incumplimientos de una obligación democrática.

Así, apuntan que "el alcalde demuestra conocer la legislación cuando suspende o interrumpe los plenos durante nuestras intervenciones haciendo valer su función de presidente del pleno, pues al igual que conoce esa normativa, también debe conocer la que obliga a dar trámite y responder a las cuestiones de la oposición municipal".

El PSOE denunció en diciembre al alcalde y a la secretaria por no facilitar, desde hace años, la información y documentación solicitada para ejercer el control de la activad política y administrativa del gobierno local. Durante la instrucción del caso, "la jueza ordenó que el Concello remitiera testimonio de la documentación relacionada con los expedientes y respuestas solicitadas por los socialistas desde noviembre de 2014, así como copia de las instancias en las que reclamaba la celebración de plenos extraordinarios que nunca fueron convocados".