El fiscal jefe mantiene su criterio y calca su parecer sobre la recusación de Baltar contra la juez que lo investiga por posible tráfico de influencias, cohecho o acoso, por prometer presuntamente un trabajo a cambio de sexo. En un escrito de 8 de febrero, Florentino Delgado reproduce la frase con la que ya había negado causa de abstención, en diciembre. La postura del ministerio público es que no cabe apartar a la magistrada, la titular de Instrucción 3, Eva Armesto, al no acreditarse ningún supuesto de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dice el fiscal jefe que la queja de Baltar "parece que debe entenderse como de existencia de enemistad manifiesta, no apareciendo evidencia de la misma más allá de la valoración del trabajo instructor, sobre el que cada parte del procedimiento puede tener su criterio y adjetivación, sin que ello presuponga enemistad susceptible de configurar causa de recusación legal".
La Audiencia Provincial volvió a requerir la opinión de la Fiscalía antes de resolver. Desde que la defensa inició la acción la causa está parada en la práctica, pese a que consta designado un juez sustituto después de que la titular de Instrucción 3 se apartara a finales de diciembre para dar trámite al incidente, aun sin compartir motivos.
Supuesta "enemistad"
El letrado del presidente, Juan Ramón Montero, de Madrid, censuró la supuesta "enemistad" de la juez e incluso una "confabulación" con la denunciante-investigada, T. F. C. Luis Romero, el abogado de Baltar padre -también imputado-, se adhirió, cargando las tintas sobre la "irregular" personación de DO, que ejerce la acusación popular.
Con su oposición a que prospere esta iniciativa, la Fiscalía se desmarca por primera vez de la defensa. Hasta la fecha había coincido con el criterio del abogado, a favor del archivo o la prescripción.
En contraste, el abogado del presidente ve en las decisiones de la togada "una enemistad o interés en contra de los intereses que represento." Las resoluciones de la magistrada -expuso en su escrito-, "solo se explican por un interés que no alcanza a entender esta parte, por la trascendencia pública de la causa, una animosidad hacia mi representado y su padre o la formación política a la que pertenecen, o por cuestiones ideológicas o personales; o bien todas ellas, excediendo en cualquier caso la imparcialidad e independencia que corresponde".
La defensa culpa a la juez de "mantener abierta una causa inconsistente, con la consiguiente difusión y perjuicio para mi representado, tanto en su ámbito personal como en el político", hasta "buscar más allá de cualquier fundamento razonable la criminalización de la conducta de mi representado". Luis Romero, el letrado de José Luis Baltar, se adhirió, entre otras razones, por el hecho de que "asumió funciones que sólo incumbían a una de las partes, subsanando de oficio y sin que la parte interesada lo hubiera pedido, la defectuosa personación de la acusación popular ejercida por Democracia Ourensana".
