La gestión económica del concello fue el objeto de crítica por parte del portavoz de Ourense en Común, Martiño Vázquez, al denunciar que "estamos ante un equipo de gobierno del Partido Popular que en 2016 gastó 10 millones de euros de forma irregular, contrariamente a los informes del servicio de Intervención, responsable de fiscalizar", y que se plasman en los reparos realizados al pago de diferentes facturas.
Martiño Vázquez señala que se gastó de "forma irregular 1 de cada 10 euros de las arcas municipales que gestionó", por lo que para el portavoz de OUeC se pone de manifiesto "la mala praxis" y el "clientelismo" que se practica, y apunta que se trata de una situación que plasma en sucesivos informes los servicios de Intervención y contabilidad del Concello.
La denuncia fue realizada por Martiño Vázquez junto a la edil Ledicia Piñeiro en una de las zonas del servicio de préstamo de las bicicletas públicas que tiene el concello, por entender que es un "ejemplo claro" de cómo gestiona el actual gobierno municipal. Se trata de un servicio que se adjudicó "en baja temeraria a una empresa en situación de ilegalidad, como denunciamos hace un año", y señalar que uno de sus administradores es funcionario municipal, "razón que lo imposibilita por ley para participar en concursos públicos".
Para alertar que "pese a ser requerida la rescisión del contrato hace más de ocho meses por el servicio de fiscalización municipal", el gobierno popular continúa destinando el dinero de todos los ourensanos a seguir pagando facturas por "un servicio deficiente a una empresa y a un funcionario que debería haber sido sancionado por la gravedad de compatibilizar su actividad pública con otras actividades empresariales sin autorización, como así exige la ley".
En ese contexto, también incide en que el servicio de préstamo de bicicletas, puesto en marcha en 2007, sufrió un deterioro importantes, al pasar de las 200 bicicletas disponibles, con un uso anual de 5.000 personas, a las 100, de las cuales están operativas 35, siendo su "estado lamentable", incluso con "riesgo real" para los usuarios.
Es por eso que Martiño Vázquez carga contra el gobierno popular por no proceder a la retirada de la concesión a esa empresa y la apertura de un expediente de nulidad, tal y como planteaba en su momento el interventor en su informe de fiscalización, con el agravante de que "con todas estas ilegalidades se le pagarán todas las facturas que presentó", y que considera "muy grave".
La concejala de Hacienda y de Contratación, Ana Fernández Morenza, mostraba su total sorpresa por la denuncia realizada por el grupo de OueC, en lo que se refiere a los datos relativos a la cuantía económica de los reparos de facturas por parte del interventor. "No se de dónde sacaron ese dato", asegura, "ya que no existe ningún tipo de informe al respecto".
Sobre esta cuestión Fernández Morenza explica que a día de hoy ni siquiera se realizó la liquidación del presupuesto de 2016, en el que aparecerán reflejadas esas cuestiones, como son las cuantías económicas destinadas a pagos que fueron reparadas por el interventor.
Y sobre todo dejar claro que "no existe ningún tipo de ilegalidad" en la gestión económica del Concello. En cuanto al servicio del alquiler de bicicletas, señala que se abrió un expediente de nulidad del contrato, cuestión de la que tuvo conocimiento cuando asumió recientemente las competencias de Contratación.
Y aunque a día de hoy el proyecto de presupuestos para 2017 sigue sin tener visibilidad, la concejala de Hacienda, Fernández Morena, que dice "estamos trabajando en ellos" -una frase que se viene repitiendo en los últimos meses-, espera poder presentar a los grupos de la oposición las cuentas. Además de dejar patente su apuesta por negociar y poder alcanzar un consenso que permitan su aprobación en pleno.
De no conseguir los apoyos necesarios, que pasan por un acuerdo con el grupo socialista o Democracia Ourensana, para poder contar con los 14 votos necesarios, Fernández Morenza señala que entonces se acudiría al planteamiento que en su momento adelantó Pérez Jácome, que es la de presentarlos junto con una moción de confianza.
Pero "espero que no se tenga que llegar a esa situación", indica Morenza, que de nuevo muestra la disposición del gobierno popular a llegar a acuerdos, por lo que una vez que traslade a los grupos el proyecto espera que se puedan negociar cuestiones que se puedan incluir en los presupuestos.
En este sentido, destaca el acuerdo con el PSOE para poder aprobar el plan de inversiones de más de 12 millones de euros, después de que los colectivos vecinales presentarán las actuaciones a realizar en diferentes zonas de la ciudad y el rural.
