Los socialistas ourensanos constituyeron ayer un grupo de trabajo con cargos institucionales en un encuentro que tuvo lugar en Coles y que fue presidido por su alcalde, Manuel Rodríguez, en el que se acordó impulsar una moción y una ordenanza-tipo para regular de inmediato las tasas que se cobran a las empresas energéticas por la utilización de dominio público local, en sus instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas e hidrocarburos, así como las de agua.
En la reunión, tanto el secretario provincial Raúl Fernández, como el portavoz socialista en la Diputación, Francisco Fraga, anunciaron que esta propuesta será remitida a todos los portavoces y alcaldes de la provincia como "una medida importantísima para aumentar los recursos de los concellos".
La puesta en marcha de este tipo de ordenanza puede suponer, en una valoración inicial, la recaudación de más de 2 millones de euros para las arcas municipales, una "fuente financiera especialmente valiosa en tiempos de crisis y estrangulamiento económico", como así manifestaron.
Aludieron también que la falta de cobro de esta tasa está "perjudicando gravemente los ingresos del erario público", ya que según la sentencia del Tribunal Supremo la cuantía para las eléctricas oscila entre los 3.000 y los 12.000 euros por metro lineal, según el tipo de tensión, en el caso de los tendidos de luz.
Sobre las cuestiones más técnicos hizo referencia el alcalde socialista de Amoeiro, Rafael Rodríguez, que incidió en la necesidad de valorar todo el dominio público que está siendo aprovechado por este tipo de empresas, desde el tipo de suelo, e incluso el tipo de línea, si hay aprovechamiento aéreo, de subsuelo o por canalización.
En lo que se refiere a la implementación de estas ordenanzas municipales que se propone por parte de los socialistas, se considera que es necesario valorar los metros que hay de ocupación de ese suelo público, y por lo que es conveniente que se proceda a la realización de un informe económico y técnico "muy riguroso, para lo cual los concellos precisarán asistencia".
Sentencias favorables
Por su parte, el portavoz en la Diputación, Francisco Fraga, hizo hincapié en "el hito que suponen las sentencias favorables a los concellos" que ya pusieron en marcha este tipo de ordenanzas, tales como los de Arteixo o Serradilla, al respaldar una medida que "pone énfasis en grabar el aprovechamiento del dominio público que hacen las empresas con ánimo de lucro", evitando que sean siempre los ciudadanos los que sufraguen los ingresos municipales.
Sin embargo, Fraga también hizo alusión a la necesidad de coordinar la puesta en marcha de esta iniciativa y asegurarle a los concellos de la provincia el necesario asesoramiento técnico a la hora de redactar los preceptivos informes para las ordenanzas. Para esto, explica que "es necesaria la colaboración institucional, desde la Diputación, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), así como las administraciones autonómica y estatal".
La medida puede suponer "un alivio económico" para los concellos, lo cual va a revertir en un avance de la financiación local y, por tanto, de los servicios a la ciudadanía.
Sobre la propuesta planteada, el secretario provincial Raúl Fernández puso en valor la importancia de "explorar esta vía para obtener más recursos para los concellos, sin grabar al ciudadano". Y hacer referencia a que se habían elaborado una serie de propuestas y un modelo de moción que "se les hará llegar a todos los compañeros de la provincia, manteniendo reuniones comarcales para realizar un trabajo conjunto y con la necesaria coordinación". Un grupo de acción del que forma parte la secretaria de Organización, María Quintas.
