14 de febrero de 2017
14.02.2017

El juicio por presunta prevaricación contra 6 expolíticos de Ourense, después del verano

El caso de las asistencias técnicas llega al Penal 2, que baraja octubre como posible fecha de la vista -La fiscal pide 10 años de inhabilitación para cargos retirados desde hace años

14.02.2017 | 03:38
En el anterior mandato, las asistencias técnicas fueron un motivo habitual de enfrentamiento entre el PP, entonces en la oposición, y el gobierno del PSOE en Ourense. // Jesús Regal

Una forma de contratar que ya se había practicado con anterioridad en el Concello de Ourense lleva al banquillo de acusados a 6 excargos políticos de PSOE y BNG en el pasado bipartito. Una de las múltiples causas penales que sufrió el ejecutivo local anterior llegará a juicio después del verano, tal vez en el mes de octubre. Es la fecha posible puesto que el denominado caso de las asistencias técnicas entró hace pocos días en el Penal 2 de Ourense, y la demora media en señalamientos es de unos 8 meses. Las partes ya han presentado sus escritos de defensa, por lo que la oficina fijará la fecha y notificará una resolución sobre el día o días elegidos más la prueba admitida.

La investigación de los contratos externos realizados mediante asistencias técnicas para apuntalar el área de rehabilitación del Ayuntamiento se abrió en 2013. El magistrado de Instrucción 1, Leonardo Álvarez, llevó las riendas. Llegó a archivar contra la mayoría de imputados, pero se desdijo y amplió el presunto delito de prevaricación continuada contra un total de 6 expolíticos de PSOE y BNG. Todos los encausados, que niegan el delito, están apartados de la política y alguno sufre varias causas, por lo penal, de esa época.

Dos son socialistas -el exalcalde Francisco Rodríguez, que gobernó durante 5 años, hasta la operación Pokemon- y la exconcejala de Urbanismo, Áurea Soto (2007-2015), la más hostigada por las denuncias del anterior gobierno local, y la primera en tener que sentarse en el banquillo para luego ser absuelta (caso de la Plaza San Antonio, el que la obligó a dimitir. Cuatro de los acusados eran de la parcela nacionalista: los exediles o exdirectores xerales Fernando Varela, Xosé Carballido, Xosé Somoza e Iolanda Pérez, quienes llegaron a ser exculpados provisionalmente por el juez pero fueron reimputados a petición de Fiscalía.

El ministerio público los acusa a todos de haber cometido una presunta prevaricación continuada. Sin excepción, la fiscal solicita una pena de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público, lo que sería comprometedor para la mayoría, dado su ocupación como funcionarios y a que la solicitud se refiere "a todo empleo en la función pública en cualquiera de las administraciones públicas".

De la fase definitiva se ha librado el que, en el momento de los hechos, era responsable de Rehabilitación, Vivenda y PERI, José Manuel O. R. Sigue como trabajador de área al frente del servicio de Planeamiento y Gestión. El funcionario -el último investigado de la serie, en octubre de 2015, por no haber emitido informe en contra de las asistencias técnicas- salió exculpado por la Audiencia Provincial. Fue el último en declarar en esta causa, cuando ya se había resuelto sobre la imputación de los políticos.

Llegaron a ser llamados a declarar hasta 11 exresponsables del gobierno bipartito de Ourense. Al final, seis expolíticos tienen que ir a juicio por la contratación de 5 trabajadores externos; vínculos que se encadenaron a pesar de las objeciones del interventor. "Todas las facturas de los trabajadores contratados fueron objeto de reparo", subrayaba el magistrado en el auto de apertura de juicio oral, de junio de 2016 . Fueron aproximadamente "un centenar", según uno de los autos de transformación en procedimiento abreviado.

Las irregularidades observadas por el fiscalizador se basaron en tres presuntas irregularidades: que los profesionales externos emplearan las instalaciones del Concello para desarrollar su actividad, que las prórrogas de contratos superaron la norma y por el fraude de ley que implica esta práctica laboral, al propiciar sentencias declarando laborales indefinidos a trabajadores ajenos. Tras el cese de esta práctica de personal, en 2013, los trabajadores afectados demandaron y la justicia declaró improcedentes sus despidos. El gobierno optó por readmitirlos.

El juez vio una acción "injusta"

En uno de los autos, el instructor apuntó a cuatro indicios que, a su entender, probaban la comisión de un presunto delito de prevaricación: los numerosos reparos, los decretos del exalcalde levantándolos, las declaraciones de los trabajadores desvelando la vinculación estable y la versión del funcionario. En la misma resolución, el juez Álvarez remarcó que "obviamente el resultado de la gestión imputada es manifiestamente injusta y perjudicial para todas aquellas personas que pudiesen tener interés en desempeñar la actividad laboral que el personal contratado de forma irregular desempeñaba en el Ayuntamiento". El magistrado subrayó que otros aspirantes "no tuvieron acceso a dicha posibilidad al no abrirse el correspondiente concurso oposición, con el consiguiente descrédito para la administración pública".

La denuncia de las asistencias técnicas nació del enfrentamiento de los sindicatos USO y CIG con el anterior gobierno del PSOE. El mayor coste político lo pagaron, paradójicamente, políticos de la misma ideología que la CIG. Los nacionalistas Xosé Somoza e Iolanda Pérez Docampo, quienes llegaron a ser exculpados pero fueron reimputados tras la solicitud de la Fiscalía y la marcha atrás del juez, presentaron su dimisión tras ser llamados a declarar en calidad de imputados. Somoza era portavoz del BNG en el Concello de Ourense y futurible candidato a las municipales de 2015. Dio un paso atrás. Iolanda Pérez, que se ve en la causa por su pasado de unas semanas como exedil del BNG en la ciudad, presentó la renuncia de un puesto orgánico de responsabilidad en Anova. Era en aquel momento la número 3 de la organización.

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