Hay 4 alcaldes en activo en la provincia de Ourense a quienes la justicia puede poner en problemas y condicionar su futuro, aunque todos ellos defienden su inocencia y buscan la absolución. A tres de ellos los acusa la Fiscalía. Tres son del Partido Popular, que domina la provincia con hegemonía (61 alcaldías con mayoría absoluta).

El de Xinzo, Antonio Pérez (PP), será juzgado por presunto enchufismo a finales de año por el Penal 1 de Ourense -también se baraja el mes de octubre-, y se enfrenta a una posible inhabilitación de 10 años. Está acusado de realizar presuntamente contrataciones por decreto o elaborando directamente los contratos "con las personas que él designaba previamente", según la Fiscalía Provincial.

El de Vilariño de Conso, Ventura Sierra, acusado de prevaricación y falsedad documental por varios contratos presuntamente a dedo, se enfrenta al castigo más alto de los 4 regidores que serán juzgados este años. Sierra se expone a 5 años de cárcel y por la gravedad de la pena posible es el único que responderá ante la Audiencia Provincial.

Los otros dos regidores con cuentas pendientes con la justicia penal ya tienen fecha de juicio y responderán ante el juzgado de lo Penal. Se trata del primer edil de A Merca, Manuel Jorge Velo (PP), y del regidor independiente de A Pobra de Trives, Francisco José Fernández. El primero, como Antonio Pérez y su homólogo en Vilariño de Conso, pidió la baja temporal de la militancia del PP para acatar el código ético de los populares, que exige ese paso en el momento del auto de apertura de juicio oral. Ninguno se planteó dimitir hasta que haya sentencia.

Velo se enfrenta a una petición por parte de la Fiscalía de 5 meses de inhabilitación y a una multa de 700 euros. Está acusado de un delito de desobediencia, por retrasarse presuntamente en el cumplimiento de una sentencia de derribo de una casa, en un proceso judicial que comenzó hace 20 años, cuando aún no era alcalde. Se sentará en el banquillo de acusados el 25 de abril, salvo nuevo cambio.

El de Trives va a juicio el 24 de mayo. Acusado de prevaricación, se enfrenta a una solicitud de 8 años de inhabilitación por parte de un exedil del PSOE, única acusación. Lo culpa de levantar un pleno en 2014, sin permitir debate ni voto, y sin dar la palabra al secretario, pese a que pedía intervenir. El regidor niega, como los otros tres implicados que este año van a juicio, niega haber cometido un ilícito penal.