08 de febrero de 2017
08.02.2017

El presunto cabecilla de la mayor trama de estafas a seguros se enfrenta a 13 años

El fiscal acusa a 10 personas y atribuye 36 hechos delictivos al ideólogo -Los implicados simularon siniestros para cobrar indemnizaciones - El fraude reclamado, 350.000 euros

08.02.2017 | 02:53
La Guardia Civil, durante el registro al concesionario taller del presunto cabecilla, en 2011. // Iñaki Osorio

La Guardia Civil de Ourense deshizo una intrincada madeja, siniestro por siniestro, para desarticular una trama que operó durante años dando partes fraudulentos de accidentes de tráfico para cobrar cuantiosas indemnizaciones. Los investigadores del Equipo de Delitos contra el Patrimonio de la Judicial, apoyados en el GIAT y otras unidades policiales, dieron al traste con la mayor estafa a compañías de seguros que se ha destapado en la provincia de Ourense. Siete años después de que el caso comenzara a investigarse, la instrucción está finalizada y se han cerrado casi todos los trámites para ir a juicio a la Audiencia Provincial. La Fiscalía y las compañías personadas ya han presentado su escrito de calificación. Llega el turno de las defensas. El ministerio público solicita 13 años de prisión para el presunto cabecilla, S. A. G., el encargado de un taller de A Valenzá (Barbadás). Solo él fue el presunto responsable de 36 hechos delictivos. Junto al ideólogo, de 51 años, se sentarán en el banquillo otras nueve personas. El volumen del fraude, de acuerdo al total de responsabilidad civil que pide la Fiscalía, fue de 350.000 euros.

Los presuntos delitos son múltiples: estafa en el tipo simple y también en el agravado, receptación, simulación de delitos, falsedad en documento mercantil y falsedad en documento oficial. El instituto armado llegó a cifrar el cobro de indemnizaciones fraudulentas en más de 600.000 euros, mediante accidentes nunca producidos, robos falsos e incluso daños auto provocados con un tractor o una retroexcavadora -según dijo al destapar el caso-, así como un incendio producido deliberadamente . El número de sospechosos creció hasta medio centenar, entre los detenidos e investigados, incluyendo a profesionales y clientes. La relación se redujo tras la instrucción a una decena, aquellos contra los que hay indicios más serios.

La investigación comenzó en 2010 y se mantuvo hasta el año siguiente bajo secreto de actuaciones. El caso saltó a la luz hace justo 6 años, con los registros del taller del principal acusado y las primeras detenciones. S. A.G. pasó tres meses en prisión preventiva y quedó libre a mediados de 2011 tras pagar una fianza de 20.000 euros. En la fase inicial también fueron detenidos su mujer, una secretaria y dos empleados. La instrucción, compleja, recayó en el pequeño juzgado comarcal de A Pobra de Trives. La complejidad de este juicio reside en acreditar, uno por uno, las decenas de hechos sospechosos. Accidente por accidente, parte por parte, pericial por pericial. Los siniestros falsos ocurrieron entre 2006 y 2011.

La Fiscalía dirige su escrito contra S. Á. G. -se enfrenta a 13 años más una multa de 24.900 euros por todos los delitos contemplados en la causa-, J. I. M. B. -pide 2 años y medio por estafa-, N. M. L. -2 años por estafa en concurso con falsificación-, C. F. L. -3 años por estafa más simulación-, D. M. L. -un año y medio por estafa-, M. P. A. -3 años por estafa en concurso con falsificación-, M. L. G. G. -5 meses y 29 días de prisión por tentativa de estafa en concurso con simulación de delito-, F. C. M. -2 años por estafa en concurso con falsificación-, S. C. Á. -año y medio por estafa-, así como M. D. S. C., la esposa del presunto ideólogo, que se enfrenta a 1 año y 9 meses por estafa en concurso con falsificación. En suma, los diez acusados podrían ser condenados a penas que totalizan más de 30 años. Ninguno tenía antecedentes.

36 accidentes "se fingieron"

El fiscal del caso, Mario Brualla, sostiene en su escrito que "los acusados, de forma conjunta en algunos casos y aisladamente en otros, dieron a las compañías aseguradoras partes de accidentes de tráfico no reales, aprovechando que S. tenía un taller de compraventa y reparación de vehículos en A Valenzá y también que el acusado F. , aunque en menor medida, tenía un hermano con otro taller de reparación de automóviles".

Los investigados presuntamente "fingían inexistentes siniestros en la carretera o en la calle de una ciudad, de los que una a veces daban parte escrito a las compañías aseguradoras y otras veces parte telefónico. Como consecuencia del accidente inexistente reclamaban y obtenían en varios casos una indemnización por el siniestro total o por la reparación del vehículo". El fiscal enumera en su calificación 36 hechos como ejemplos de siniestros de tráfico que "se fingieron": salidas de vía, lesiones inexistentes y colisiones; todos localizados falsamente en distintos lugares de la provincia. En ocasiones, el principal implicado trasladaba el vehículo en una grúa particular para depositarlo en el lugar del siniestro nunca ocurrido.

Tenía vehículos robados

En los registros al principal implicado se encontraron objetos robados, en cuya obtención ilegal no consta que hubiera participado, según el fiscal. La Guardia Civil halló una retroexcavadora sustraída en Segovia en 2009 y un Dumper robado en 2007 en Madrid. También apareció un BMW X5 a nombre de la esposa que en realidad se trataba de otro de la misma marca y modelo, robado en Alemania. El acusado habría cambiado las placas de matrícula y el número de bastidor.

Además el cabecilla y otros dos imputados participaron presuntamente en la simulación del robo de un Mercedes en Madrid. Según el fiscal, S. falsificó varios partes amistosos de accidentes, actuando "solo en algunos casos, y en otros en connivencia con otros acusados".

Devolver las indemnizaciones

Casi siempre la trama llegó a obrar indemnizaciones por los falsos siniestros. El fiscal pide que el principal acusado indemnice él solo a tres compañías aseguradoras por un importe total de 178.368,42 euros. De otras cantidades tendrían que responder solidariamente con otros acusados. El total de la responsabilidad civil que solicita el ministerio público, y que da la medida del fraude, alcanza los 348.800 euros.

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