El grupo socialista en la Diputación de Ourense presentó el pasado viernes ante la Audiencia Provincial el recurso de apelación contra la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad que acordó el sobreseimiento provisional del conocido como 'caso depuradoras'. El PSOE está personado como acusación particular en dicho procedimiento, en el que se investigaron posibles delitos de fraude en subvenciones y tráfico de influencias, siendo un funcionario de la Diputación, el jefe de servicio de Medio Ambiente, Javier Bobe, el único investigado.
El portavoz del grupo, Francisco Fraga, anunció ayer que la acusación particular seguirá reclamando que se investiguen los contratos de los planes Daredo y Deputrans que dieron lugar a la instalación de más de un centenar de depuradoras compactas en el rural ourensano entre 2003 y 2004. Sostiene que "no se entró en el fondo del asunto ni se practicaron todas las pruebas que nosotros propusimos" y recordó que "hay un informe de la OLAF, muy duro, que habla de la existencia de graves irregularidades en los dos planes, tanto para la contratación de las depuradoras como para su instalación".
Entre las diligencias que no se practicaron, está la declaración del exvicepresidente de la Diputación, Rogelio Martínez. En el recurso presentado por los socialistas se aclara que este testimonio que no llegó a producirse fue solicitado el 24 de octubre de 2016 a partir de la declaración del expresidente provincial, José Luis Baltar, de la cual "se deriva que Martínez tenía pleno conocimiento de esta materia y era el competente". Los socialistas afirmaron ayer que no se van a quedar "de brazos cruzados". Quieren que se mantenga abierta la investigación y se aclaren "las responsabilidades políticas" del contrato cuestionado por la OLAF y el propio Ministerio de Hacienda, que promovió un expediente de reintegro de los 10,1 millones de euros de fondos comunitarios concedidos a la Diputación para estos proyectos. La institución provincial recurrió por la vía contencioso-administrativa y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró prescrita la demanda, lo que eximió a la Diputación de la devolución de dicha cantidad por haberse realizado fuera del plazo legal.
El juzgado de Instrucción 2 de Ourense decretó el sobreseimiento provisional al no encontrar indicios suficientes contra el único investigado y la "prescripción de parte de los hechos delictivos". El PSOE presentó su recurso y, entre otras consideraciones, alega "contradicciones" en el testimonio del investigado. También recoge el recurso que no llamar a declarar a Rogelio Martínez, tal y como solicitó esta parte, le genera "indefensión". Igualmente, se muestra contrario al criterio de la prescripción parcial en el auto de sobreseimiento y alega que no procede dicho archivo ya que, además de no haberse practicado todas las pruebas propuestas, en las realizadas "no se han contradicho ni desvirtuado las graves irregularidades detectadas en la contratación que es objeto de investigación".
