Ha sido con otra juez instruyendo la causa y con un cuestionario previo de las partes. Casi dos años después del primer intento, el exsecretario del Concello de Ourense, Mariano Rodríguez, ha testificado en el caso del 10 %, el que investiga si en la capital de As Burgas se favoreció a promotores al no exigirles, durante años, la cesión a suelo público de al menos ese porcentaje de sus proyectos. El antiguo funcionario, que no intervino con anterioridad por cuestiones de salud, se desplazó el 4 de enero al juzgado de León, donde reside, en lugar de la posibilidad de responder en su domicilio. Lanzó dardos contra Manuel Cabezas (PP), el regidor que más años ha gobernado la tercera ciudad gallega (1995-2007).

Mariano Rodríguez fue condenado en firme en 2009 por calumniar al exregidor, al afirmar que se lucró con el desarrollo urbanístico y que cada convenio con promotores era "un pelotazo. Todo se contesta con el capital acumulado por este señor". Ahora, en su declaración como testigo, obligado a decir verdad, el exsecretario -ejerció entre 1991 y 2005- acusa a Manuel Cabezas de haber operado con una "administración paralela" y se ratifica en la idea de aquellas manifestaciones: "Cada vez que tenía que informar, tenía la presión del alcalde de que hiciera las cosas para salvar todos sus pelotazos; yo no podía salvar los pelotazos, del alcalde y los concejales (...) He tenido problemas, graves problemas, al decir esto no está bien, es decir al advertir al señor Alcalde y a los concejales de urbanismo que aquello no era correcto".

En el caso del 10% ejerce la acusación popular la exedil del PSOE Áurea Soto. Mariano Rodríguez califica a la denunciante -que tuvo que dimitir en 2015 por un caso del que salió absuelta- como una "persona honesta". El funcionario ejercía como secretario de pleno y con el mismo cargo en la comisión de gobierno -ahora conocida como junta local- y la de urbanismo. Durante el periodo de Cabezas, según este testigo, "no se me pasó ningún expediente. Se me pasaron los menos posibles porque habían creado una administración paralela". Según abundó, "los informes jurídicos, en vez de pasármelos a mí, iban a la administración paralela".

El alcalde "se escabullía"

En otro momento de su interrogatorio, Rodríguez manifestó que "había una dependencia directa del alcalde respecto de las decisiones que pudieran tomarse en la Comisión de Gobierno. Cuando el alcalde quería escabullirse de los problemas de responsabilidad los pasaba a la Comisión de Gobierno".

Áurea Soto denunció en 2014 una presunta malversación de los gobiernos de Cabezas por "regalar" suelo al no haber exigido, entre 1999 y 2002, la cesión de al menos el 10% de los aprovechamientos privados. Aportó un informe del Consello de Contas que censuraba la gestión del ayuntamiento, y otro municipal que cifró en 1,6 millones de euros la cantidad que el ayuntamiento dejó de ingresar en 15 promociones. Sobre el primero, Mariano Rodríguez declara que "ese informe se me sustrajo del conocimiento". E insistió: "Le dije que había una administración paralela y en esa administración paralela había un montón de cuestiones que se sustraían de mi conocimiento". Solo informó en 2 de los 15 ámbitos por la misma razón, completó.

Informó a favor de no exigir

Manuel Cabezas declaró ante el juez en marzo de 2016 en calidad de investigado, por primera vez en su vida, y 9 años después de abandonar el cargo. Usó en su defensa el acuerdo adoptado por un pleno de 1994 -gobernaba el socialista Manuel Veiga Pombo -que aprobó por unanimidad -salvo por una abstención- no exigir los aprovechamientos por falta de plan urbanístico adaptado. La decisión se adoptó tras el informe en ese sentido del secretario, adujo el exalcalde, también a la prensa.

En su declaración como testigo en esta causa, Mariano Rodríguez que "efectivamente", según su informe jurídico, procedía la exención de la edificabilidad del 10% del aprovechamiento urbanístico en cuanto no se aprobara un nuevo plan de ordenación. Las razones jurídicas de esa postura -añadió- eran evitar reclamaciones de promotores que solicitaran licencia hasta que no estuviera disponible el PXOM 2003. El exsecretario municipal también matizó que sus informes "no eran vinculantes" y que no se le solicitó ningún informe tras el cambio de la ley del suelo. "Había que preguntar al señor alcalde y a sus concejales de urbanismo cuál fue la causa de que no se incluyera el 10 % del aprovechamiento, porque la mayoría de todos esos expedientes no pasó a informe mío. Lo hizo la administración paralela" , mantiene el técnico.

El caso del 10%, que fue reabierto por la Audiencia Provincial tras considerar "prematuro" un archivo dictado por el juez Leonardo Álvarez -después se apartó de la causa tras querellarse Áurea Soto contra él- mantiene en calidad de investigados al exalcalde Manuel Cabezas y a dos de sus exconcejales de Urbanismo, Ricardo Campo Labrador y Julio Díaz Salcedo.

La Fiscalía había mantenido una postura proclive al archivo. Pero tras la reapertura de la Audiencia, que no apreció prescripción, el fiscal jefe, Florentino Delgado, propuso la citación como investigado del exregidor Veiga Pombo - que gobernó Ourense entre 1987 y 1990, y antes que Manuel Cabezas, entre 1991 y 1995-, "por aparecer como presuntamente responsable en los delitos de malversación y prevaricación". La nueva instructora de esta causa, la juez del 3 Eva Armesto -la misma que investiga a Baltar en el caso de acoso sexual- lo rechazó.