Las defensas de tres personas juzgadas ayer en Ourense por delitos de trata de personas, inmigración ilegal y falsedad documental solicitan la libre absolución ante "la falta de pruebas" que incriminen a sus clientes por la entrada ilegal de una mujer dominicana, en agosto de 2013. Tampoco hay base, dicen los abogados, de que la hubieran obligado a prostituirse para pagar la deuda del viaje. En contra, la fiscal mantuvo su calificación tras el juicio celebrado en la Audiencia Provincial. Pide penas que suman 16 años y medio de cárcel, al ver acreditado que los tres tenían ánimo de lucro y se aprovecharon presuntamente de la "especial necesidad y vulnerabilidad" de la denunciante.
El ministerio público sostiene que dos de ellos, Marianela A.G. y Antonio G.A., con quienes se alojó a su llegada a España, fueron los que la pusieron en contacto con el dueño de un club de alterne en Chantada (Lugo). En ese local ejerció la prostitución durante 15 días. "Yo era la única familia que tenía en España y la metí en mi casa sin saber que podría tener un problema", argumentó Marianela. Según dijo, le regaló el precio de su billete, y la inmigrante se dedicó a la prostitución "porque quiso".
Una versión similar defendió Antonio G.A., un ourensano que en el momento de los hechos era pareja de Marianela A.G, y que compartía piso con la denunciante. En su declaración negó mantener llamadas de teléfono con el dominicano que, según la investigación, enviaba a las mujeres hacia España. También negó haber puesto en contacto a la denunciante con el propietario del club, al que conocía "de forma superficial", dijo.
El tercer encausado, Erlys O.A., negó tener un familiar en Santo Domingo (República Dominicana) que se dedique a la venta de viajes ilegales a España, así como haber ofrecido papeles falsos.
"No pensé que venía a trabajar de prostituta", dijo la denunciante. La mujer creía que a su llegada a España podría trabajar como peluquera o cuidando a gente mayor. Acusó a su prima, la acusada, de que al día siguiente de llegar a Ourense ya estaba trabajando en un club de alterne en Chantada porque había hablado con el dueño. "Nadie" la obligó a prostituirse, dijo, sino que lo decidió para poder pagar su alojamiento.
Fuentes policiales indicaron "existía un seguimiento" a la pareja de Ourense porque había estado implicada en un caso de parejas de hecho fraudulentas. Los investigadores citaron una conversación entre Antonio G. A. y una mujer que le "amenazó" con denunciarlo por "saber" que se dedicaba al tráfico de mujeres y de drogas y que éste le contestó que "ya no se dedicaba tanto a esos menesteres".
La Fiscalía pide penas de 6 años de prisión para Antonio G.A. y Marianela A.G. por trata de seres humanos, más 1 año de prisión por ayudar a entrar en territorio de la UE a una persona de forma ilegal. Para Erlys O. A., reclama 2 años por inmigración ilegal y falsedad documental. La pena sería sustituida por la expulsión durante 8 años. Una cuarta implicada, D. A. G. R., se encuentra ilocalizable y la causa se archivó contra ella.
