Cuatro acusados se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial de Ourense el 2 de febrero para responder por los presuntos delitos de trata de seres humanos, inmigración ilegal y falsedad en documento oficial. La Fiscalía solicita penas que suman un total de 18 años de prisión -dos encausados se enfrentan a 7 años cada uno-. El ministerio público sostiene que una mujer fue trasladada a un club de alterne para prostituirse hasta que saldara su deuda. La defensa de los principales acusados, A. G. Á. y M. A. G., solicita la libre absolución y niega la comisión de delito alguno porque "no existe ninguna relación con dicha trama ni mucho menos se obligó a nadie a ejercer la prostitución ni por supuestas deudas contraídas ni por ningún motivo", según su escrito.
En cambio, la Fiscalía asegura que los ya citados y otro encausado, E. A. O. Á., mantienen relación con un residente en República Dominicana con el que, puestos en común acuerdo, presuntamente colaboran para traer a España a ciudadanas de ese país, "burlando la legislación española sobre inmigración y con ánimo de obtener un lícito enriquecimiento".
Según el ministerio público, este último acusado se puso en contacto con una mujer en mayo de 2011 para explicarle, a cambio de 3.000 euros, cómo llegar a España saltándose los controles aduaneros. Al parecer, la persona encargada de comprar los billetes en República Dominicana era el supuesto contacto de los acusados, mientras que E. A. O. Á. la recibió presuntamente en Turquía y, con escala en Grecia, la habría llevado a Madrid.
A finales de 2013, continúa la Fiscalía, este acusado habría contactado nuevamente con esa mujer para que intermediara con personas que deseaban venir a España de forma ilegal, explicándole que sería posible con documentación falsa y a cambio de 4.000 euros. Presuntamente, le propuso traer a su hija gratis si le daba 2 o 3 viajeros.
A fin de convencerla le habría enviado una tarjeta de residencia preparada por él, en la que aparecía la foto de un dominicano con sus datos, pero el número de identificación correspondería al de un paquistaní con residencia legal. El sudamericano fue detenido en enero de 2014 en Francia en posesión de dicha documentación falsa.
El ministerio público sostiene que los acusados M. A. G. y A. G. Á. colaboraban también con el enlace en República Dominicana. Así, la primera acusada, compatriota, habría puesto en contacto a una mujer con el contacto, quien supuestamente le proporcionó una tarjeta falsa y los billetes de avión a cambio de 6.000 euros. La mujer entró por Bruselas en marzo de 2013 y desde allí viajó a Barcelona. La fiscal dice que la persona que sirvió de contacto para llegar a Ourense fue A. G. Á, español. La mujer vivió en casa de estos dos acusados y ejerció la prostitución unos meses de forma voluntaria.
La acusación pública cita más casos. Presuntamente ambos encausados también pusieron en contacto con su enlace a otra mujer, a la que este habría proporcionado una tarjeta de residencia belga falsa y unos billetes de avión a cambio de 6.500 euros. Tras llegar a Barcelona desde Francia, los acusados le habrían dado 240 euros para desplazarse a Ourense en tren. La recogieron en la estación y al día siguiente presuntamente la llevaron a trabajar a un club de alterne de Chantada para que pagase su deuda del viaje. La mujer accedió por sus circunstancias, relata la fiscal, ya que había hipotecado la casa de sus padres y una finca para salir de su país.
La cuarta acusada del caso es D. A. G. R. Con orden de expulsión decidió presuntamente contactar con el enlace en República Dominicana para obtener una tarjeta de residencia falsa. Ella, E. A. O. Á. y M. A. G. R. están ilegalmente en España. La fiscal pide que en lugar de la pena de cárcel se expulse a E. A. O. Á. y D. A. G. R.
