La Comisión Intermunicipal para el bombeo de Razamonde- San Trocado denuncia la "reiterada práctica abusiva de poder de la Diputación" en el convenio del bombeo, que "cuenta con la complicidad de los tres alcaldes y la formación C.I. mediante un comportamiento sumiso a los intereses político-económico de los intervinientes en la gestión del mismo". Dice ello impide la eficiencia económica y aprovechamiento eficaz de los equipamientos y su sustentabilidad en el bombeo.

Asegura que la renovación del convenio para 2017 pone de manifiesto un "nuevo incremento de los sobre costes de los servicios prestados, por delegación en la empresa privado-pública Aquaourense". Dice que la Diputación se ha preocupado de hacer figurar la cláusula de riesgo y ventura, que garantizará a Aquaourense cobrar el cien por cien del coste presupuestado "aún a sabiendas que el coste real final del servicio va estar muy por debajo del presupuestado, pues el consumo de agua, más optimista para los tres concellos, no superara los 233.000 metros cúbicos, incluido el consumo oficial del balneario y la fuga anual de 100.000 metros cúbicos".

En esta ocasión "han aclarado el importe del consumo proyectado, de 426.500 metros cúbicos y que ahora se llama máxima capacidad de producción de agua bombeada". Una vez más, "el abuso de poder" permite que en el reparto de agua entre las dos fases del bombeo se les asigne a los usuarios de la segunda fase una cuantía muy superior a su consumo. Ello se corresponde "con los metros cúbicos anuales de fuga que en estos siete últimos años se produjo en la primera fase. Así los vecinos de Punxín, San Amaro y la parte alta de Cenlle están obligados a pagar el coste energético de la fuga de la primera fase y que abastece a Razamonde, Barbantes, Laias y Balneario de Laias".

A esto "añadir que el coste del kw/m3 para la primera fase es de 0,1219 euros/m3, cuando en estos 6 últimos años era de 0,20 y para la segunda fase pasó de 0,2376 en 2016 a 0,2829 para 2017". Apunta que con este convenio la Diputación logra que los concellos financien sus intereses con Aquaourense. Se pregunta ¿dónde están los representantes legales elegidos por el pueblo? para defender sus derechos, o la Comisión de Seguimiento y Control para el bombeo.