La corporación provincial aprobó ayer mostrar su "más firme apoyo" a los acuerdos adoptados a nivel estatal por el Congreso de los Diputados, así como también a la iniciativa de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (FEGAMP) para la protección de las personas y familias en situación de pobreza energética. Una propuesta que realizó, a través de una enmienda de sustitución el grupo popular, que contó con el apoyo de los socialistas, a una iniciativa del BNG que planteaba otras cuestiones que finalmente no contaron con el respaldo necesario.
El portavoz nacionalista, Ramiro Rodríguez, planteó a la presidencia ceder su primera intervención a la representante de la plataforma Stop Desahucios, María José González, que fue la encargada, durante 26 minutos, de trasladar la situación en la que se encuentran muchas familias afectadas por la denominada "pobreza energética", como es su caso.
Un relato en el que puso de manifiesto las "situaciones límite" de familias que sufrieron cortes de agua y luz en sus viviendas, con especial referencia a que en muchos casos se trata de mujeres víctimas de la violencia machista. Además de denunciar "la falta de apoyo de las administraciones", que en algunos casos, como el suyo, el Instituto Galego de Vivienda e Solo (IGVS) llegó a iniciar la tramitación para desalojarla de la vivienda de protección oficial, ante la imposibilidad de hacer frente al pago.
De ahí que trasladase a los diputados la necesidad de apoyar medidas tendentes a que se "prohiba el corte de luz a todas estas familias", y que la administración "se preocupe más de rescatar a las personas que a los bancos". Y dar lectura a una serie de propuestas que posteriormente se encargó de plantear el portavoz en su turno de intervención.
La intervención de la representante de Stop Desahucios , sobre todo parte de su contenido, fue objeto de las críticas del portavoz popular, Placido Álvarez, que acusó al BNG de utilizar la "triquiñuela" de plantear que fuese una persona ajena al plenario la que interviniese. Recordó que todos los grupos aceptaron "de buena fe" la propuesta, aunque al final advertía que eso se debe regular.
La "carga ideológica" del contenido de la intervención, con acusaciones directas al Partido Popular, fueron el detonante de las críticas de Álvarez, que evitó entrar en una confrontación directa con los miembros de la plataforma que estaban presentes en el salón de sesiones.
Y eso por eso que se limitó a defender la enmienda de sustitución, que se centró en rubricar lo que se había acordado en el Congreso de los Diputados. Al mismo tiempo que reconocía que "estamos ante un grave problema que afecta a muchas familias" que deben tener como respuesta "soluciones rápidas y eficaces", pero rechazaba el "oportunismo" con el que habían actuado los nacionalistas.
La diputada socialista Susana Rodríguez mostró su apoyo al acuerdo planteado por el PP, aunque denunció que determinadas actuaciones del Gobierno popular a nivel nacional "son las causantes de esta situación", alegando que hace poco más de 5 años "la pobreza energética no existía".
