Una sentencia del titular del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 condena al Concello a convocar la provisión definitiva de ocho puestos de trabajo mediante el sistema de concurso establecido en la Relación de Puestos de Trabajo. De esa forma anula el decreto del anterior gobierno socialista, que firmó la entonces directora general de Recursos Humanos y actual edil, Carmen Rodríguez Dacosta, que aprobó la convocatoria, "urgente y en comisión de servicio".
El magistrado estimó el recurso presentado por el sindicato UGT y que afectaba a los puestos de coordinador y jefe de negociado de perímetro rural, conservación viaria y mobiliario urbano; el de capataz electricista; a los de jefe de sección y departamento de licencias de actividad y aperturas, así como al de jefe de negociado de termalismo y el de capataz jardinero.
La sentencia, que impone las costas al Concello, será recurrida por el gobierno municipal "para ganar tiempo" y poder poner en marcha el proceso, como indicó el alcalde, que señala que "no es admisible la justificación que el decreto -ahora anulado- le daba a la convocatoria general de comisiones de servicio". Aclara además que "sería aceptable si al mismo tiempo se hubiese convocado el concurso para la adjudicación definitiva de esos puestos".
Además de incidir en que "tal y como se hicieron esos nombramientos provisionales, sobre puestos que llevaban años vacantes y sin provisión definitiva, con reiteradas adscripciones provisionales y urgentes, sin convocarse el concurso, no puede más que tacharse de realizados en fraude de ley".
Una actuación que el magistrado entiende que no se hizo con el "propósito espúreo de favorecer a algún individuo en concreto, toda vez que la prueba practicada no lo ha demostrado, pero sí con el de mantener vacantes, indefinidamente en el tiempo, los referidos puestos de trabajo", con lo que "se frustraba el derecho de los funcionarios públicos a acceder a ellos con carácter definitivo".
Señala que "así lo reconoció (implícitamente) el propio interventor municipal en los informes emitidos con carácter previos a los nombramientos urgentes y provisionales", y que habitualmente no tenía en cuenta el anterior gobierno.
En esos informes, como plasma en su sentencia el magistrado, el interventor insiste en que: "Hoy en día no se explica como no se han promovido los pertinentes concursos para cubrir de forma definitiva los puestos vacantes en la plantilla de personal del Concello de Ourense".
Pero más allá de lo que significa la sentencia, que pone de manifiesto la política de Personal que se venía llevando a cabo en el concello, el presidente de la junta de personal, Daniel Salgado, alerta de que el actual gobierno municipal parece seguir "esa misma línea de actuación", después de lo que aconteció en la reciente Mesa de negociación que se celebró.
En este caso relacionada con el puesto de jefe de sección de Servicio Generales, toda vez que la pretensión es la de formalizar una prorroga de seis meses, con carácter retroactivo, a través de una comisión de servicio urgente, cuando la persona que lo estaba ocupando fuera cesado previamente.
Además, según le consta a los miembros de la junta de personal existe un informe negativo de intervención, igual al que hace referencia en su sentencia el magistrado. Las explicaciones dadas por los responsables del área de Personal, es que solicitaron un informe del jefe de servicio de Servicios Generales que "es favorable".
Sostiene Salgado que la sentencia judicial es clara y no deja lugar a dudas, ya que además llega a dar un plazo de diez días, una vez que sea firme, para convocar los concursos de esos puestos.
