La causa judicial que mantiene como investigados a 4 policías nacionales de Ourense sigue en pie. La Audiencia Provincial ha dado un espaldarazo a los métodos del juez Leonardo Álvarez, titular de Instrucción Uno de Ourense, en la llamada "Operación Zamburiña". El caso descubrió a varios traficantes y el supuesto trato de favor de los agentes del antiguo grupo antidroga con confidentes que les facilitaban "chivatazos". La principal, J. P, alias "Pucha", una histórica del narcotráfico en Ourense, a quien los investigadores le incautaron 6,2 kilos de cocaína, heroína y hachís. Todo partió de una denuncia anónima, en la comisaría, que vinculaba al inspector antidroga con una supuesta mafia policial que incluía la desaparición de 6 pistolas y revólveres del búnker de comisaría. Ese nexo quedó totalmente descartado por el juez. Tres pistolas aparecieron en el despacho de un policía cuya muerte por aparente suicidio, en abril, aún está siendo investigada bajo secreto por otra juez. La causa original se dividió en dos. La de las drogas no se tumba porque la Audiencia Provincial considera que la primera intervención telefónica no vulneró derechos fundamentales.

En un auto de mayo de 2016, el instructor Leonardo Álvarez separó ambas vías -la de las drogas le volvió por orden la Audiencia-, descartando nexo alguno. También admitía como una "deficiencia" no haber averiguado desde el principio quién envió el anónimo a Asuntos Internos, pero descartó motivos de nulidad. La defensa de uno de los presuntos confidentes apeló a la Audiencia, y al recurso se unieron los representantes de tres de los policías investigados.

Cuestionaban el auto de marzo de 2015 que acordó la intervención y escucha de varios teléfonos. Hasta 13 agentes de la comisaría ourensana tuvieron su número 'pinchado' al principio. La defensa sostenía que la medida judicial vulneró el secreto de las comunicaciones por haber partido "de unos datos sobre los que se ha producido manipulación, ocultación y tergiversación de asuntos esenciales".

La Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación sobre las supuestas nulidades, en una resolución que es firme y no admite recurso alguno. Citando jurisprudencia, la Sala concluye que "no cabe" tumbar la causa "habiendo cuenta de que no se advierte de lo actuado que nos encontremos ante una manifiesta y grosera vulneración de derechos fundamentales, o una clara y evidente infracción de legalidad; únicas hipótesis en que esta Sala podría declarar la nulidad en este momento procesal". Probablemente las partes volverán a plantearlo si se abre juicio oral.

Tras ver refrendada su actuación, el plan del instructor es poner fin a la causa en torno a febrero, aunque el plazo legal antes de una nueva prórroga no finaliza hasta mayo. Un informe que incluya el patrimonio y los movimientos bancarios de todos los imputados -y sus familiares-, tanto de los policías como de los presuntos traficantes, pondrá el broche a la "Zamburiña". Asuntos Internos está examinando y trasladando al papel los datos relevantes de la prolija documentación sobre los 15 investigados. Las escuchas y otras diligencias no vieron indicios de tráfico de drogas ni enriquecimiento por parte de los policías, a la espera de lo que concluya el informe sobre patrimonio.

La instrucción averigua el presunto delito contra la salud pública de varios traficantes y al supuesto trato de favor que cuatro policías del antiguo grupo antidroga habrían brindado a algunos que eran sus confidentes, un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos que los agentes niegan.