Baltar padre y Baltar hijo coinciden en la recusación a la juez que investiga al actual presidente por acoso sexual, tráfico de influencias y cohecho. El expresidente se ha adherido a su hijo y sucesor en el incidente; son los únicos que promueven que la magistrada de Instrucción 3, Eva Armesto, la titular de Violencia de Género se aparte del caso. La Fiscalía, la denunciante-investigada y Democracia Ourensana -ejerce la acusación popular- han rechazado que exista causa legal.
El fiscal jefe, coincidente con la defensa en la prescripción de los posibles delitos, y proclive al archivo, considera no obstante que no hay "enemistad" de la juez "más allá de la valoración del trabajo instructor, sobre el que cada parte del procedimiento puede tener su criterio y adjetivación", sin que por ello constituya causa de recusación.
La defensa del presidente del PP y la Diputación, el letrado de Madrid Juan Ramón Montero Estévez, abrió el debate. Solicitó la abstención de la juez, anticipando ya la recusación, "al apreciar una enemistad o interés en contra de los intereses que represento" Las resoluciones de la magistrada -expuso-, "solo se explican por un interés que no alcanza a entender esta parte, por la trascendencia pública de la causa, una animosidad hacia mi representado y su padre o la formación política a la que pertenecen, o por cuestiones ideológicas o personales; o bien todas ellas, excediendo en todo caso la imparcialidad e independencia que corresponde". Montero la acusa de "mantener abierta una causa inconsistente, con la consiguiente difusión y perjuicio para mi representado, tanto en su ámbito personal como en el político", hasta "buscar más allá de cualquier fundamento razonable la criminalización de la conducta de mi representado".
El letrado de José Luis Baltar, imputado en la causa porque también aparece en las grabaciones realizadas con micro oculto por la denunciante-investigada, argumenta que la juez ha incurrido en una "pérdida de la apariencia de imparcialidad objetiva". Según la defensa del expresidente "constan en las actuaciones diversas resoluciones judiciales que ponen en duda la predicada y preceptiva imparcialidad judicial, porque, amén de no responder a la estricta observancia del ordenamiento jurídico, por parte de la recusada se suplen decisiones que únicamente le corresponden adoptar a las partes procesales, comprometiendo, de ese modo, su carácter de tercero ajeno".
El abogado del expresidente cita los motivos que lo llevan a considerar que la juez es parcial. Critica que Baltar padre fuera llamado a declarar "casi 6 meses después de incoarse el procedimiento" y sin que lo solicitara ninguna acusación, "sino que, exclusivamente, fue adoptada de oficio por la juez instructora cuando apenas quedaban 15 días para finalizar el plazo legal de las investigaciones". La defensa se queja de que varios recursos y escritos no hayan sido contestados: "Mientras las peticiones de las acusaciones particular y popular se diligencian dentro de un tiempo de respuesta normal, todas y cada una de las interesadas por las defensas de los imputados o bien se postergan en dilatado plazo o bien directamente no obtienen contestación alguna".
Las sospechas, añade el abogado, "se convierten en certezas" por el hecho de que "asumió funciones que sólo incumbían a una de las partes, subsanando de oficio y sin que la parte interesada lo hubiera pedido, el defectuoso personamiento de la acusación popular, ejercida por el partido político Democracia Ourensana".
El plazo para que las partes opinasen finalizó ayer. Ahora la juez tendrá que decidir si admite causas y eleva el incidente a la Audiencia, que es la instancia que resuelve estos trámites. Hasta que el tribunal pronuncial se pronunciese, las diligencias 4714 / 2015 de Instrucción 3 quedarían en manos del sustituto legal de la magistrada. Ese papel corresponde al titular de Instrucción 2 de Ourense, Luis Doval.
