Los detuvieron por corrupción y explotación sexual de adolescentes, trata y tráfico de drogas. Los delitos de prostitución de menores se diluyeron. Un juzgado de Huelva, el que llevó la causa en una operación de la UCO de la Guardia Civil, dictó el archivo por falta de pruebas el pasado noviembre. La causa se remitió a O Barco de Valdeorras, donde está el club en el que, según los investigadores, chicas de 16 y 17 años de edad eran explotadas. Pese a que la imputación se redujo a un delito contra la salud pública, los dos responsables del establecimiento, vecinos de la localidad, seguirán en prisión. Así lo ha confirmado la justicia ourensana tras la remisión de la causa desde Huelva.
Hace apenas dos semanas que la Audiencia Provincial de Huelva que ya había confirmado la medida cautelar. El juzgado ourensano también tuvo que pronunciarse al respecto porque así lo dicta el trámite de entrega, de un partido judicial a otro, de los investigados. El fiscal pidió mantener la medida de prisión de B. H. P. y J. L. L. L., el dueño y gerente del club, de 50 y 34 años. Así lo ha acordado la juez de Instrucción Número 2 de O Barco.
El relato de la Guardia Civil daba escalofríos. Cinco menores españolas, de 16 y 17 años, captadas en Huelva, engañadas por conocidos con la falsa promesa de que tendrían un trabajo muy bien remunerado en la noche madrileña -hasta 5.000 euros al mes- y obligadas a prostituirse en el club de alterne de O Barco, donde supuestamente las drogaban. La presunta red de proxenetismo cayó con 9 detenidos en agosto. La trama fue destapada tras la intención de un constructor madrileño con inversiones en Bulgaria de hacer una fiesta sexual con menores de edad.
La UCO de la Guardia Civil bautizó el caso como "Operación Simpático". Toda la gravedad que pusieron los agentes de la mesa no tenía las pruebas suficientes, a ojos del juez. El magistrado de Instrucción 3 de La Palma del Condado (Huelva), acordó en noviembre el archivo de la causa contra B. H. P. y J. L. L. L., dos de los nueve detenidos y sospechosos de captar menores en Huelva para su explotación sexual en el club Dorado Plaza de O Barco.
Una causa independiente
El juez concluyó que de lo actuado "no aparece debidamente justificada la perpetración del delito de corrupción de menores y de trata de seres humanos con fines de explotación sexual". Asimismo, no apreció indicios de "inducción, promoción o favorecimiento de prostitución" de adolescentes. El magistrado sí mantuvo el delito contra la salud pública y acordó inhibirse en favor del juzgado de O Barco, al considerar procedente abrir una causa independiente.
Contra los ourensanos, en la cárcel desde agosto, pesa la imputación por un posible tráfico de drogas porque en el registro del prostíbulo se localizó un bote de mayonesa con medio kilo de cocaína.
En el club se encontraron además diversas sustancias, ya preparadas en dosis -algunas ocultas en un compartimento-, así como útiles para la manipulación y distribución. Según la Guardia Civil, el estupefaciente era administrado a las víctimas para vencer su resistencia a mantener relaciones sexuales. También se distribuían supuestamente a los clientes del local de alterne.
En la inspección practicada la noche del 18 al 19 de julio, en el "Dorado Plaza", los agentes de la UCO encontraron en una de las habitaciones a un niño de 8 años de edad que se encontraba oculto para no ser descubierto por la Guardia Civil. El menor es hijo de uno de los propietarios y de una limpiadora. Mientras su madre trabajaba, el crío pasaba allí las horas.
La versión de la Guardia Civil
La "Operación Simpático" corrió a cargo del Grupo de Trata de Seres Humanos de la Unidad Central Operativa (UCO). El caso desmantelaba, según los investigadores, una red de captación de menores en Huelva para su explotación sexual en Ourense, después de que las adolescentes fueran presuntamente retenidas en Madrid. Jóvenes veinteañeros conocidos suyos, adictos a la cocaína, las captaron y las niñas no descubrían el engaño hasta que se vieron atrapadas. Según relató en agosto el instituto armado, al hacer público este caso, las víctimas estaban en una situación de "querer romper con todo", de dejar atrás, en una edad complicada, a sus padres o una relación.
Cinco de los 9 detenidos, entre ellos los dos responsables del club, ingresaron en prisión ante la gravedad de los hechos. La operación alcanzó a las provincias de Huelva, Madrid y Ourense. Se realizaron 3 registros, dos en domicilios y uno en el club. La investigación comenzó en abril. Una de las menores logró tener acceso a un teléfono móvil - los captadores supuestamente les habían quitado los suyos, así como la documentación- y alertó a su progenitor.
