El fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, archivó hace un año la denuncia formulada en su sede contra el presidente de la Diputación y el PP, José Manuel Baltar. Lo ha reiterado y también ha alegado la prescripción de los supuestos delitos que se le imputan al político -acoso sexual, tráfico de influencias y cohecho-, en la causa que lleva abierta desde diciembre de 2015 en el juzgado de Instrucción 3, el de violencia de género. El fiscal ha mantenido un criterio coincidente con el de la defensa. Hasta ahora. Baltar recusó a la juez Eva Armesto por unas supuesta parcialidad, llegando a acusarla de "confabulación" con la denunciante-investigada, T. F. C.. En un escueto escrito, el fiscal jefe niega "enemistad" y se opone a que la magistrada sea apartada. Entiende que no hay causa alguna que figure entre los supuestos de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El planteamiento de Baltar, dice Florentino Delgado, "parece que debe entenderse como de existencia de enemistad manifiesta, no pareciendo evidente la misma más allá de la valoración del trabajo instructor, sobre el que cada parte del procedimiento puede tener su criterio y adjetivación, sin que ello presuponga enemistad susceptible de configurar causa de recusación".
El abogado del presidente, el letrado de Madrid Juan Ramón Montero Estévez, ve en las decisiones de la togada "una enemistad o interés en contra de los intereses que represento." Las resoluciones de la magistrada -expuso-, "solo se explican por un interés que no alcanza a entender esta parte, por la trascendencia pública de la causa, una animosidad hacia mi representado y su padre o la formación política a la que pertenecen, o por cuestiones ideológicas o personales; o bien todas ellas, excediendo en cualquier caso la imparcialidad e independencia que corresponde". Montero la acusa de "mantener abierta una causa inconsistente, con la consiguiente difusión y perjuicio para mi representado, tanto en su ámbito personal como en el político", hasta "buscar más allá de cualquier fundamento razonable la criminalización de la conducta de mi representado".
Un juez sustituto
El viernes, la juez dio 3 días a las partes para que opinasen. El plazo termina hoy. Mañana tendrá que decidir si admite causas y eleva el incidente a la Audiencia, que es la instancia que resuelve recusaciones. Hasta que la Sala se pronuncie, las diligencias 4714 / 2015 de Instrucción 3 quedarían en manos del sustituto legal de la magistrada. Fuentes judiciales señalan que este papel corresponde al titular de Instrucción 2 de Ourense, Luis Doval.
