16 de diciembre de 2016
16.12.2016

Un constructor acusado de estafa alega que los compradores no pagaron por "falta de liquidez"

La fiscal pide el sobreseimiento de un caso en el que los denunciantes proponen 7 años de cárcel

16.12.2016 | 02:42
El acusado. // Brais Lorenzo

Un constructor se enfrenta a una petición de siete años y seis meses de prisión por un delito continuado de estafa y otro agravado de apropiación indebida que le atribuye la acusación particular por la venta en 2006 de un chalet adosado en una urbanización de Allariz que no llegó a escriturarse.

El caso llegó ayer a la Audiencia Provincial con esta parte como única acusación, ya que la Fiscalía ha pedido el sobreseimiento. La representante del ministerio público considera que no existen los requisitos necesarios para el delito de apropiación indebida porque el dinero entregado por los compradores se empleó en la edificación de la vivienda, ni tampoco para la estafa. La defensa solicitó la libre absolución alegando que el problema fue la "falta de liquidez" del comprador. De hecho, rechazó la estafa porque la vivienda contratada "se construyó, remató e intentó entregar".

El imputado por estos hechos es B.G.G., propietario de la parcela y constructor en la urbanización "Godalla" del municipio alaricano en el que los dos denunciantes adquirieron sobre plano la vivienda, libre de cargas y gravámenes. El precio estipulado ascendía a 228.334 y el contrato de compraventa recogía que se abonaría en cuatro entregas de 57.096 euros cada una. El mismo día que se firmó el acuerdo, el 17 de octubre de 2006, los compradores pagaron una parte, y ya en marzo de 2008 la segunda.

Los querellantes denuncian que cuando ya estaba pagada la mitad de la propiedad, y "sin conocimiento ni consentimiento alguno por parte de los compradores", el 29 de octubre de 2008, el constructor y su esposa formalizaron una hipoteca sobre varias propiedades, entre ellas esta vivienda por un importe de 121.662 euros.

La acusación mantuvo ayer en el juicio que los compradores abonaron la tercera parte un año después sin saber que existía una hipoteca pero que esta cantidad "ni siquiera fue destinada al pago parcial o para minorar el importe de la hipoteca, apropiándose B.G.G. del importe". Según el representante de la acusación, el constructor "gravó en tres ocasiones distintas la propiedad que había sido vendida libre de cargas". En octubre de 2011, las deudas que el acusado contrajo con Hacienda llevaron al embargo de la propiedad por la que los denunciantes habían abonado 171.288 euros.

Por su parte, el B.G.G. declaró que intentó firmar la escritura de la casa "muchas veces", pero que el comprador no podía disponer del dinero porque lo había invertido en participaciones preferentes. Éste, en cambio, insistió en que no realizó el último pago porque la vivienda no estaba rematada, ya que faltaban los baños y la cocina.

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