El Juzgado de Instrucción número 1 de León ha señalado para mañana, a las 12.30 horas, la declaración en calidad de testigo del exsecretario general del Concello de Ourense, Mariano Rodríguez Gutiérrez. El interrogatorio se realizará en el domicilio del funcionario ya jubilado debido a su precario estado de salud y se enmarca en la investigación abierta a partir de la denuncia formulada por la exedil socialista Áurea Soto contra la condonación de la cesión urbanística del 10% a los promotores durante los gobiernos del PP en la etapa en la que Manuel Cabezas (PP) fue alcalde.
El exregidor, así como los que fueron en aquella época concejales de Urbanismo, Ricardo Campo Labrador y Julio Díaz Salcedo. El fiscal también ha pedido que se investigue al exalcalde Manuel Veiga Pombo (PSOE), antecesor de Cabezas, ya que fue durante su mandato cuando se alcanzó el acuerdo plenario que eximía a los constructores del pago de la cesión urbanística. La denunciante cifra en 1,6 millones de euros la cantidad que el Concello de Ourense dejó de percibir en los 15 convenios que se vieron afectados por esta medida.
Esta es la cuarta vez que se cita al exsecretario, cuya declaración, exigida reiteradamente por la denunciante, se ha visto frustrada hasta en tres ocasiones por hospitalización, incluida la que se programó por videoconferencia desde el Juzgado de León. Un informe forense incorporado a la causa aconseja que la testifical se realice en un "ambiente escasamente estresante", de ahí que se haya optado por la comparecencia a domicilio.
No obstante, y a pesar de la insistencia de la acusación particular en la necesidad de incorporar el testimonio de Mariano Rodríguez a la investigación por ser el secretario que informó en 1994 a favor de no cobrar los aprovechamientos urbanísticos mientras no se aprobase el nuevo PXOM, esta parte no podrá asistir a la prueba, pero sí participar a través de un pliego de preguntas que ya ha sido presentado.
Esta decisión, recogida en una providencia de la magistrada del 9 de diciembre, se sustenta en el informe médico-psicológico forense realizado por el Instituto de Medicina Legal de Galicia en Ourense a petición del Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad.
A la vista de las pluripatologías que recoge el informe previo, sostiene el Imelga que la declaración a domicilio con presencia de juez instructor, secretario, fiscal y funcionario "supondría una situación estresante como le sucedería a cualquier ciudadano", pero si bien la afectación cognitiva puede agravarse en estas situaciones, "no le impide prestar declaración". La presencia de las partes, en cambio, "supone una carga estresante a mayores, pero que tampoco impediría la declaración". Lo que debería valorarse, añade, es "la necesidad de la presencia de las mismas y el número de partes en el procedimiento". La defensa, aclara, "siempre supondría una disminución de la carga estresante", mientras que las partes de la acusación "supondrían cada una de ellas una carga estresante añadida" por lo que, concluye el informe del Imelga, "en situaciones límite, de ser posible, debería evitarse".
Ante este informe, la juez instructora de Ourense, Eva Armesto, ha requerido a las partes que tenían interesada su presencia en el domicilio del testigo que presenten el pliego de preguntas, "sin que resulte adecuada la presencia de las mismas".
La acusación particular ha formulado dicho cuestionario y también ha anunciado recurso contra esta decisión al entender que la comparecencia del testigo "debe realizarse con las debidas garantías y sin causar indefensión, ni vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva". Entre las cuestiones que formula, la parte denunciante incide en la entrada en vigor de una nueva legislación distinta a la analizada en el informe de 1994, y quiere que Mariano Rodríguez explique si la corporación pidió un nuevo informe y si hubo reuniones para valorar el nuevo escenario legal que exigía los aprovechamientos.
