El retraso de la conexión del AVE entre Galicia y Madrid copó ayer el protagonismo en la sesión de control parlamentario, en la que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, exigió al Gobierno central el respeto al último plazo oficial de 2018, a pesar de que este se negó a confirmar la fecha ante los últimos "problemas técnicos". "El AVE no hay que repensarlo, hay que hacerlo. Los problemas concretos de los tramos tienen que tener respuesta concreta. Tiene que estar en 2018", proclamó Feijóo, que derivó, sin embargo, parte de la responsabilidad sobre la oposición en caso de que esta bloquee los presupuestos generales del Estado.
El estreno del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, reconociendo el más que probable incumplimiento del último calendario oficial -la primera fecha prometida fue 2010- generó un nuevo choque entre Feijóo y una oposición que le afeó su poco peso político ante el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
El presidente de la Xunta señaló 2018 como fecha a reivindicar, aunque con un tono menos agresivo que el empleado con el Gobierno de Zapatero, pero reconoció que en enero recibirá explicaciones de Fomento sobre el calendario final, al tiempo que reprochó a sus rivales apoyar al PSOE cuando prometió finalizar la obra en 2012 sin garantías.
El presidente gallego volvió a culpar al bloqueo político estatal de atar de manos al Gobierno para solventar las dificultades de la obra y corresponsabilizó a sus rivales de futuros retrasos. "Durante un año de bloqueo en España nadie pudo firmar un contrato porque la ley lo prohíbe. ¿Van a bloquear el presupuesto de 2017? Si lo bloquean, ¿cómo vamos a hacer el AVE?", preguntó Feijóo a la portavoz del BNG, Ana Pontón. Paradójicamente, el Bloque carece de presencia en las Cortes.
La nacionalista cuestionó a Feijóo no solo por el AVE, sino también por la transferencia de la Autopista del Atlántico (AP-9), después de que el martes el PP votase de nuevo en el Parlamento gallego a favor de ella, mientras en el Congreso se oponía a la tramitación de la ley para hacerla efectiva. Por ello, anunció que el BNG pedirá en la Cámara la "reprobación" de la presidenta del Congreso, la exministra de Fomento y diputada por Pontevedra Ana Pastor, por firmar el veto de la Mesa de la Cámara a debatir la citada ley -el PP la tumbará con su mayoría absoluta- y presentará un recurso de constitucionalidad por esa decisión.
Feijóo respondió calificando de "irrenunciable" la transferencia, pero desvinculándola del rescate de la concesión y el fin de los peajes. Además, rebuscó en la hemeroteca para criticar la oposición del BNG a la vía en los 80. También reivindicó haber logrado que el Ejecutivo central asuma los seis millones anuales que antes pagaba la Xunta por peajes en sombra.
Por su parte, Luís Villares (En Marea) reprochó a Feijóo sus "falsas promesas" en relación no solo a las infraestructuras, sino también a los proyectos de Pemex, reducidos a dos floteles, la entrada en el accionariado de Barreras y la participación en el diseño de buques de firmas gallegas. "Al militante de Galicia se le escapan las empresas", ironizó, recordando que tampoco se instalará en el puerto exterior de A Coruña.
Feijóo culpó de la caída de inversiones a la crisis del petróleo que causó pérdidas de 40.000 millones de dólares a la empresa mexciana y se reivindicó como "director comercial de Galicia", al tiempo que se mostró preocupado por el retraso en la entrega del flotel de Navantia.
Un tono más conciliador mostraron Feijóo y el portavoz parlamentario socialista Xoaquín Fernández Leiceaga, que reclamó conocer la postura de Galicia ante la negociación del sistema de financiación autonómica. El primero reiteró que pedirá que "suba el peso de la sanidad" y agradeció la mano tendida de Leiceaga, aunque este le reprochó rechazar una comisión parlamentaria ad hoc.
