La diputada ourensana del PP, Ana Belén Vázquez, tiene plaza de inspectora de Policía, es vocal de la comisión de Interior y portavoz adjunta de la de Seguridad Nacional. Tras el relevo al frente del Ministerio de Interior, la congresista trasladó al nuevo responsable, Juan Ignacio Zoido, la necesidad de reforzar con todos los medios disponibles la investigación del crimen de Socorro Pérez. La ourensana fue asesinada en mayo de 2015 tras ser víctima de un agresor sexual, según la principal hipótesis de la comisaría. La falta de restos biológicos y otros indicios complicaron el caso, que sigue abierto pero sin pruebas. "Sabemos que para poder trabajar hacen falta medios. Hay casos pendientes de investigación que preocupan y es necesario que se pongan todos los medios para que tengan una rápida y buena resolución", dijo ayer la diputada.
La parlamentaria trasladó la inquietud al ministro y el principal sindicato de comisaría, el SUP valora la contribución que Ana Belén Vázquez hizo para la creación de la última unidad asignada a Ourense, la UPR. Ayer se reunió con la diputada y con los otros dos representantes del PP en el Congreso, Celso Delgado y Miguel Ángel Viso. El sindicato desgranó un informe con las 10 "principales demandas para mejorar, de forma real, el servicio que la Policía Nacional presta a los ciudadanos".
La primera solicitud es dotar de dos furgonetas a la UPR. También se ve necesario un grupo para investigar delitos tecnológicos, como se concreta en el despiece de esta información. Por el momento, son algunos agentes de la UDEV de Policía Judicial, con mayor destreza informática, los que asumen denuncias por fraudes 'online', estafas o similares. La reunión se centró en un mal general de las comisarías tras la práctica congelación de concurso de plazas durante la crisis (este año se ofrecen unas 1.400 y en 2017 serán más de 3.200). Pero las bajas, jubilaciones, pasos a segunda actividad así como causas inesperadas como la operación Zamburiña -que desmanteló el antiguo grupo antidroga-, agravan el problema de personal en una comisaría como Ourense, donde están adscritos 198 funcionarios -incluyendo mandos y a la unidad de Extranjería de Verín- sobre un total de 251, según el catálogo de Interior. La situación es "límite", subraya el SUP.
El 6 y 8 de diciembre, y por regla general, en fines de semana, festivos y periodo de vacaciones, servicios como las custodias de presos en el hospital y los traslados de detenidos al juzgado reducen patrullas en la calle. La última jornada desatendida fue la del jueves, desde la mañana a la tarde. Atender esos servicios implica hasta tres vehículos "zeta" menos para recorrer la calle. Otras veces, para un mismo servicio de custodia o traslado se duplican e incluso se triplican funciones, como sucedió hace unos días con la guarda de un detenido que ingresó en prisión. Hasta 2009, las custodias eran realizadas por 6 guardias civiles. Ahora movilizan a 13 agentes, entre policías y guardias civiles.
A mayores, los permisos y vacaciones de Navidad reducirán la plantilla disponible en un tercio (ayer se encontraban de permiso el comisario y el jefe de Policía Judicial, lo que situó al responsable de Científica como el jefe accidental de la comisaría). Todo pasa factura en una demarcación con un déficit de personal del 21% (la media en Galicia es del 18%).
Algunas llamadas al 091 se desvían a la Local o la Autonómica. ¿Posibles soluciones a una falta de personal generalizada en toda España? Que se valore la asignación de agentes en prácticas , "un balón de oxígeno". O que se autoricen horas extras pagadas para que agentes de libre refuerzan servicios, otra opción para el SUP.
