Un año lleva abierta la investigación contra el presidente de la Diputación y el PP de Ourense, José Manuel Baltar, por ofrecer presuntamente un empleo a cambio de sexo a T. F. C, que es la denunciante pero también permanece imputada. Ayer, el abogado del presidente, el letrado de Madrid Juan Ramón Montero Estévez, registró un escrito en el que subraya la "parcialidad" de la magistrada que investiga al político por un presunto acoso sexual, tráfico de influencias y cohecho. La defensa solicita a la juez de Instrucción 3, Eva Armesto, que se abstenga voluntariamente o admita el trámite de recusación. En este caso, la Audiencia Provincial resolvería.

El letrado ve en las decisiones de la togada "una enemistad o interés en contra de los intereses que represento." Las resoluciones de la magistrada -continúa-, "solo se explican por un interés que no alcanza a entender esta parte, por la trascendencia pública de la causa, una animosidad hacia mi representado y su padre o la formación política a la que pertenecen, o por cuestiones ideológicas o personales; o bien todas ellas, excediendo en cualquier caso la imparcialidad e independencia que corresponde". La juez no comparte los postulados del fiscal jefe, que archivó la investigación previa y que desde entonces ha pedido el archivo y la prescripción del caso, en la misma línea que la defensa.

La trascendencia mediática

Las alegaciones del letrado del presidente ocupan 18 folios y hacen un repaso por toda la instrucción. El abogado, que ya había solicitado la nulidad al ver prescritos los hechos, cita 6 hechos que, según él, prueban "un procedimiento utilizado en detrimento" de Baltar. La parte aprecia incluso una "contaminación partidista y mediática" de la juez, cuando "en el procedimiento que nos ocupa, la apariencia de imparcialidad debe ser mayor, si cabe, dada la trascendencia mediática y política que conlleva".

La recusación no escatima expresiones: "Esta magistrada, fuera de la imparcialidad y la tutela judicial que le corresponde garantizar, mantiene a lo largo del procedimiento decisiones prospectivas para tratar de buscar algún sustento a la imputación" de Baltar. Según el abogado, hasta "buscar más allá de cualquier fundamento razonable la criminalización de la conducta de mi representado".

La causa se inició a finales de 2015 tras una denuncia por acoso sexual que la juez descartó en un principio, para proceder después a incluirlo en una terna junto a un presunto tráfico de influencias y cohecho, citando como investigados a Baltar y T. F. C.

El letrado sostiene que cuando la juez acordó interrogar a la denunciante también como investigada "le permitió" acogerse al derecho a no declarar a las preguntas de esta parte -lo que por otra parte es un derecho que asiste a todo imputado-, "siendo de notar que la imputación de mi representado se sostiene exclusivamente sobre sus manifestaciones".

El representante de Baltar llama la atención sobre el hecho de que la denunciante-investigada "ha pedido diligencias ajenas a la voluntad de cualquier imputado, que no es otra que el archivo, lo que demuestra la falacia e interés". Pero la defensa va a más: "Tanto el sobreseimiento como la prescripción solicitados por esta parte y el fiscal han sido objeto de oposición por la imputada, lo que pone de manifiesto la confabulación en el interés por el mantenimiento de la presente causa, al objeto de perjudicar a mi representado".

La personación de DO

También hace hincapié la parte en que la personación de Democracia Ourensana es "irregular" y por eso pidió corregir el trámite la Audiencia Provincial. El partido no está personado, sino que los apoderados son los diputados Gonzalo Jácome y Armando Ojea. En la última declaración, con la comparecencia de 5 testigos el 22 de noviembre, las defensas pidieron la salida de la sala del letrado de DO. La juez consintió su presencia. El abogado de Baltar reprocha aquella decisión: "Con el objetivo de mantener en el proceso a esa acusación, la magistrada subsanó de oficio, sin observar la resolución de la Audiencia, que había determinado que la subsanación debía hacerse a instancia de parte". En su opinión, la personación de DO "se ha utilizado para suplir la inexistencia de acusación efectiva".

El representante de Baltar hijo también se queja de la imputación de Baltar padre, a quien la denunciante-investigada grabó de la misma manera, con micro oculto. El expresidente fue llamado a declarar "con un retraso injustificado de casi 6 meses desde el inicio de la instrucción, y en base exclusivamente a las pruebas aportadas con la denuncia".

Desde el comienzo de la causa, la presentación de escritos y recursos es constante. La defensa se queja de que muchos no obtienen respuesta mientras "en su espera, se avanza en la instrucción con la estimación indiscriminada de las diligencias solicitadas por la acusación popular y la imputada denunciante". Montero cuestiona también que prorrogara el plazo de instrucción cuando la Fiscalía instaba el archivo "y en base a irregulares o dudosos criterios de excepcionalidad".

La recusación anticipada por el abogado insiste, en varios párrafos de su escrito, en la supuesta parcialidad de la magistrada Armesto, cuyo juzgado asume las competencias en materia de Violencia de Género. "Nos encontramos ante una instrucción prospectiva, donde se acuerdan diligencias carentes de contenido, en busca de indicios que permitan fundar cualquier imputación frente a mi representado". Y añade al denunciar "una estrategia continua (...) cuyo único fin es mantener abierta una causa inconsistente, con la consiguiente difusión y perjuicio para mi representado, tanto en su ámbito personal como en el político".

Juan Ramón Montero expone que todas las decisiones contrarias a sus intereses adoptadas por la autoridad judicial "llevan a dudar de la imparcialidad de la magistrada, pues ponen de manifiesto numerosos ejemplos que no responden a un estándar de objetividad en la actuación de nuestros jueces y magistrados". Continúa el abogado que "unido a la trascendencia del procedimiento y los objetivos políticos de la acusación popular, nos llevan a entender que existe una parcialidad que debe ser evitada en aras de los elementales principios y garantías procesales que a mi representado corresponden".

Las distintas partes personadas mostrarán su parecer a la recusación de la defensa y la juez resolverá si se abstiene y le da trámite. Además de José Manuel Baltar, en las diligencias continúan como investigados su padre y predecesor, José Luis Baltar, así como el jefe de personal de la Diputación y alcalde del PP en Monterrei, José Luis Suárez.