La investigación a policías y traficantes, en la recta final

El juez prevé zanjar en febrero la instrucción de la Zamburiña - El paradero de 3 pistolas robadas y la muerte de un agente aún están por esclarecer

09.12.2016 | 02:50

Un informe que incluya el patrimonio y los movimientos bancarios de todos los imputados -y sus familiares-, tanto de los policías como de los presuntos traficantes, pondrá fin a la "Zamburiña". Asuntos Internos está examinando y trasladando al papel los datos relevantes de la prolija documentación sobre los 15 investigados. Cuando finalice, el juez de Instrucción 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, cerrará las diligencias para que el caso llegue a juicio. El plazo legal de la instrucción antes de una nueva prórroga termina en mayo de 2017, pero el juez prevé cerrar el caso en febrero. Mientras, las defensas ven una posible nulidad y apelan a la Audiencia, lo que beneficiaría tanto a los policías como a los presuntos traficantes con independencia de la droga intervenida.

La instrucción averigua el presunto delito contra la salud pública de varios traficantes y al supuesto trato de favor que cuatro policías del antiguo grupo anti-droga habrían brindado a algunos que eran sus confidentes, un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos que los agentes niegan. El mismo juez mantiene en una pieza separada el hecho que desencadenó todo -la desaparición de pistolas del búnker de comisaría, en 2014-, junto a unos anónimos que apuntaban a una supuesta mafia policial de la que no se hallaron pruebas. Las escuchas y otras diligencias no vieron indicios de tráfico de drogas ni enriquecimiento por parte de los policías, a la espera de lo que concluya el informe sobre patrimonio.

En origen todo era una misma causa, iniciada en 2014 y bajo secreto hasta finales de 2015. Hasta 13 agentes llegaron a tener intervenido el teléfono en un primer momento. Los anónimos que Asuntos Internos y el juez dieron por veraces aludían a una supuesta corrupción del grupo que lideraba el inspector anti-droga y los relacionaban con la desaparición de las pistolas del búnker. El magistrado descartó nexo alguno y separó ambas vías en mayo.

Tres armas aparecieron en el despacho de un agente hallado muerto en abril. Otras tres aún no se han localizado. La incógnita de las armas está ligada a la investigación sobre la muerte del policía. Estas pesquisas las lleva la titular de Instrucción 3, Eva Armesto. La juez mantiene, desde abril, el caso bajo secreto. Varios funcionarios de comisaría han sido llamados a declarar -todos los que estaban de servicio y los que encontraron el cuerpo- y en la investigación policial han participado Asuntos Internos, la UDEV de la Policía Judicial de la comisaría, pero también agentes de la UDEV Central de Madrid requeridos por la juez. Las pesquisas siguen tras 8 meses de interrogatorios, análisis de ordenadores, comunicaciones y datos móviles e informes de balística.

La magistrada quiere descartar si algún otro policía pudo estar implicado en los hechos insólitos que, en palabras del comisario, Antonio Álvarez, "oscurecieron" la imagen del cuerpo, con una sucesión de acontecimientos propios de "un guion de cine negro". La muerte se vinculó a un suicidio. Trascendió que el fallecido se había quitado la vida con una de las armas robadas y que había enviado un correo electrónico a varios policías para pedir perdón e inculparse de la desaparición de las pistolas y de los anónimos.

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