Entre los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, que adelantó su reunión a la jornada de ayer, al ser hoy festivo, destaca la concesión a la Xunta de la correspondiente licencia de obra para la ampliación del Instituto de Enseñanza Secundaria de la Universidad Laboral. Se trata de un proyecto que permitirá incrementar la oferta lectiva e de ocio de la institución académica, que supondrá una inversión que asciende a 289.733 euros.
Una actuación que supondrá una mejora sustancial en las instalaciones con que cuenta en la actualidad la Universidad Laboral, y que forma parte de ese "impulso" que se le pretende dar a un centro que destaca por diferentes proyectos que lleva a cabo dentro del campo educativo.
Por otra parte, y dentro de los acuerdos adoptado por la junta de gobierno, destaca la actualización del plan de prevención de riesgos laborales, así como un procedimiento para evitar el acoso laboral. Ambos aspectos fueron tratados en la reunión que celebró ayer el Comité de seguridad y Salud. Este órgano colegiado y paritario está formado por cuatro representantes del Concello como empresa y por los cuatro delegados de prevención que se eligen entre los representantes de los trabajadores.
Modificación
El comité está presidido por la concejal delegada de Personal y Recursos Humanos, Flora Moure, y se reúne cada tres meses. En la sesión que se prolongó por espacio de dos horas y media, se abordaron diferentes cuestiones, como la estadística de accidentes. Sobre este tema se presentó un informe sobre la accidentalidad desde enero hasta octubre de 2016 en el que se reflejan los accidentes con baja y sin baja que se produjeron, junto con la evolución de los mismos y su comparativa con la media del sector.
Así, se aprecia que el índice del Concello es un poco superior al de otras administraciones que tienen un mayor peso de personal administrativo, además de que forman parte trabajadores en áreas con más accidentabilidad como es el caso de la Policía Local, o los Bomberos o del servicio de jardinería. De está forma, en torno a la mitad de los accidentes en el Concello afectan a trabajadores de esos servicios municipales.
Otro aspecto que se pone de manifiesto en el informe es que "la siniestralidad también se presenta según diversos factores, como puede ser el género, edad, antigüedad en la empresa y lugar del accidente o la región anatómica, con especial incidencia en aquellos servicios municipales considerados con "mayor riesgo" de que se produzcan accidentes laborales.
Por otra parte , se aprobó la modificación del Plan de prevención de riesgos laborales, que se llevará próximamente a Junta de Gobierno Local, debido a que procedía adaptarlo a los cambios legislativos producidos en los últimos anos, ya que el que se encuentra en vigor es de 2006.
Lo que también se aprobó fue un documento de los niveles de protección del personal de bomberos, que indica el equipamiento que deben utilizar según el tipo de intervención a la que hagan frente. Al igual que el anterior, se llevará a Junta de Gobierno para a su aprobación definitiva.
Una de las principales novedades es la relativa a la aprobación definitiva de un procedimiento para la lucha contra el acoso laboral de cara a evitar posibles situaciones de este tipo dentro de la administración, sin que se concrete la existencia de algún caso.
Convenios
En cuanto al área de Asuntos Sociales y Sanidad, el gobierno municipal daba luz verde a tres convenios de colaboración con una cuantía económica de 64.000 euros. El primero de ellos es con el Comité Cidadán Anti-sida de Ourense para el desarrollo de un programa de salud encaminado al consumo de menos riesgo, por un importe económico de 21.342 euros.
También se llegó a un acuerdo con la Asociación de Axuda ó Toxicómano (ATOX) para realizar uno de los programas de apoyo residencial para drogodependientes, con un coste que asciende a 21.342 euros.
El tercero de los convenios que aprobó el concello es con la Fundación Monte do Gozo - Proxecto Home para el desarrollo de actividades encaminadas a la prevención y reinserción en régimen residencial de conductas aditivas para drogodependientes, y cuya cuantía económica asciende a 21.342 euros.
