La comunidad de propietarios de los tres bloques de viviendas 146, 148 y 150 de la calle Marcelo Macías, en los que residen 90 familias, presentarán alegaciones contra la orden de derribo remitida por el Concello atendiendo el requerimiento judicial, presentarán alegaciones en las que plantearán la inejecución de sentencia, como así se lo trasladaron al alcalde, Jesús Vázquez, y al concejal de Urbanismo, José Cudeiro, en la reunión que mantuvieron para abordar una situación que califican de "muy grave".
En este sentido, y como adelantó FARO en su edición de ayer, la vía de inejecución de sentencias urbanísticas es una de las opciones que se pueden plantear, como así concretaron fuentes judiciales consultadas. De ahí que por parte del gobierno municipal, que trasladó a los propietarios de las viviendas su disposición, "dentro de la legalidad", a buscar una solución, estudiará si es factible ese planteamiento con los jurídicos del concello, y a llevar a cabo todo el proceso.
La otra opción que está sobre la mesa, y así se le trasladó a la comunidad de propietarios y sus representantes legales, es el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que en estos momentos se encuentra en fase de concreción y a la espera de que el equipo redactor presente el correspondiente documento de adaptación a la nueva Lei do Solo de Galicia.
Sobre esta cuestión, el responsable del área de Urbanismo explicó que el nuevo planeamiento es un documento "que contempla más cuestiones relacionadas con la ordenación", y que eso lleva consigo la necesidad de que se alcance un consenso entre todos los grupos municipales para que sea el pleno municipal el que proceda a su aprobación provisional.
Derribo e indemnizaciones
El compromiso del gobierno municipal es poder evitar el derribo de las viviendas y las indemnizaciones millonarias que ocasionaría en caso de llevarse a cabo. En este sentido, José Cudeiro explicó a la comunidad de propietarios todo el procedimiento que se debe llevar a cabo, y ratificar lo dicho a los grupos municipales en la junta de área celebrada el martes, en el sentido de que "tenemos tiempo para poder intentar evitar el derribo de las viviendas".
La comunidad de propietarios dirige sus críticas hacia el concello, con el argumento de que "a lo largo de los últimos años, no solo no adoptó ninguna medida tendente a resolver las deficiencias que determinaron la nulidad del PXOM de 2003, ni tampoco incorporó a la ordenación urbanística provisional" que aprobó la Xunta en septiembre de 2011 hasta la entrada en vigor del nuevo planeamiento que sigue a la espera de un acuerdo entre los grupos políticos, toda vez que los populares gobiernan en minoría.
También se señala que en su momento se plantease una modificación del plan de urbanismo vigente, en este caso el de 1986, que permitiera recoger la ordenación de esa parcela en la que se construyeron los tres inmuebles, "cuya legalidad fue confirmada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en una sentencia de 26 de junio de 2007", como se explica por parte de la comunidad de propietarios.
El problema con los inmuebles de Marcelo Macías surgió en 2011, cuando el PXOM de 2003 fue anulado por sentencia del Tribunal Supremos, y entró en vigor de forma inmediata el de 1986, en el que en este solar solo se podía conceder licencia para tres viviendas unifamiliares. Un argumento que expone Cudeiro para rechazar la justificación de los socialistas relativa a que en el nuevo plan que presentaron en 2013, aprobado inicialmente, solo se planteó 4 alturas en las edificaciones, ya que "el resto sería absolutamente ilegal". Para Cudeiro "son tan ilegales las cuatro alturas como las 8, a tenor de lo que establece el plan de 1986".
