El juez decano de Ourense, Leonardo Álvarez, no prevaricó al llevar a juicio a la exconcejal de Urbanismo entre 2007 y 2015, Áurea Soto (PSOE). En un auto notificado ayer a las partes, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia descarta delito, tras la querella presentada por la exconcejal y el abogado Carlos Hernández. Ambos fueron procesados y absueltos en el caso de la Plaza San Antonio. Un asunto urbanístico que terminó en la vía penal y obligó a dimitir a Áurea Soto a principios de 2015. Los querellantes acusaban al juez de un interés por llevar a juicio a la exedil y dañar su imagen, hasta el punto de haber falsificado, según ellos, un auto, y omitido resoluciones del propio TSXG que amparaban su actuación con la plaza. Tras un sumario que ha mantenido al juez decano varios meses con la etiqueta de imputado, la Sala cierra con un archivo que es firme; sin posibilidad de recurso.
De la resolución de archivo ha sido ponente el expresidente de la Audiencia Provincial de Ourense, Fernando Alañón Olmedo. La Sala, presidida por el titular del TSXG, Miguel Ángel Cadenas, sostiene que no se puede considerar que la conducta de Leonardo Álvarez pueda ser prevaricadora, puesto que las resoluciones dictadas en el procedimiento contra los querellantes, "si bien pueden ser no compartidas, no por ello están huérfanas de una justificación jurídicamente razonable". El tribunal concluye que los hechos investigados "no son constitutivos de delito". "No cabe duda de que su decisión encuentra amparo normativo y fáctico, no es en absoluto arbitraria y se apoya en una razonable interpretación del contenido de las diligencias instructorias, al margen claro esta de que se comparta o no el resultado alcanzado.".
Los denunciantes acusaron a Leonardo Álvarez de llegar a falsificar la fecha de una resolución para poder procesar a Áurea Soto en el caso que la hizo dimitir en enero de 2015, el de la Plaza de San Antonio. Los querellantes sostienen que el magistrado actuó a sabiendas, omitiendo resoluciones del ámbito del contencioso del TSXG que descartaban irregularidades en el proceder de la exedil cuando propuso legalizar la urbanización de San Antonio, incluido el parking privado bajo subsuelo público, un uso permitido por el PXOM 2003, entonces aún vigente.
Soto y Hernández se sentaron en el banquillo, acusados por aquella gestión urbanística, pero fueron absueltos. El caso lo llevó a la vía penal Democracia Ourensana (DO), pero no ejerció la acusación. Lo hizo la hija de un promotor en permanente conflicto de intereses con el anterior gobierno municipal del PSOE. Antes de que su exculpación fuera firme -la Audiencia Provincial la ratificó-, registraron una querella contra el juez Álvarez, el pasado mes de marzo. Se declaraban víctimas de unas "imputaciones selectivas y apuntaban al posible "desconocimiento" de la ley por parte del juez decano de Ourense, tras reivindicar la legalidad de la licencia concedida al aparcamiento subterráneo de la Plaza de San Antonio.
El instructor de la causa contra el magistrado decano de Ourense en el TSXG -donde tuvo que declarar como investigado por su condición de aforado-, había solicitado el archivo del proceso, al entender que no existía "indicio de criminalidad alguno" de un delito de prevaricación judicial. La Fiscalía siempre defendió la actuación del titular de Instrucción 1 de Ourense., Ya se había pronunciado en contra de la admisión a trámite.
El juez decano se reunió ayer con su abogado. No quiere pronunciarse sobre qué postura adoptar tras el archivo, pero no descarta ejercer posibles acciones legales. En junio, el fiscal jefe llamó a declarar a la exedil por presuntas calumnias e injurias contra el juez decano, en un duro alegato contra el sistema, durante el derecho a la última palabra del juicio de la Plaza de San Antonio.
