Isabel Fuentes, la última víctima mortal de la violencia machista en Ourense, fue asesinada presuntamente por su marido el 8 de mayo de 2015, en el hospital, el CHUO. Murió desprotegida. La Policía Judicial de la Guardia Civil había alertado a la juez de entonces, Cristina Fernández Viforcos, que permitir las visitas del esposo a la residencia era un "peligro", ya que se trataba del principal sospechoso de un primer ataque en el domicilio conyugal de Verín: una agresión con un martillo, mientras veía la televisión, casi dormida, que la dejó en coma. Por el delito de asesinato y por otro de tentativa, Aniceto Rodríguez Caneiro, de 78 años, ha sido procesado esta semana, como adelantó FARO, y se enfrentará a más de 25 entre rejas. En uno días, volverá a Verín para su declaración previa al juicio. En paralelo, la familia no ceja para que la juez que no la protegió sea sancionada. Su última instancia es el Supremo, donde presentarán demanda por el cauce de lo contencioso administrativo. El alto tribunal acaba de abrir la vía para que se tramite la denuncia de la familia.
La acción de los allegados se dirige a la Sala III del Tribunal Supremo, en contra de la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de archivar el expediente de denuncia contra la juez. La familia tenía hasta el 6 de noviembre para anunciar su recurso y la abogada particular, Beatriz Seijo, hizo el trámite en tiempo y forma, como ya informó este diario. El Tribunal Supremo se ha dado por enterado. Estos días, la sala ha numerado un procedimiento y ha requerido al CGPJ para que remita el expediente completo de las diligencias informativas que llevó a cabo el órgano rector de los jueces.
La información se pondrá en manos de la familia para que disponga de todo lo necesario con lo que redactar su demanda. Una vez tenga la documentación oficial en su poder, la abogada dispondrá de 20 días de plazo para redactar el escrito de demanda por la vía contencioso-administrativa.
Entre otros argumentos jurídicos, el recurso al Tribunal Supremo se fundamentará en que, en el expediente tramitado en el Consejo General del Poder Judicial, no se admitieron las pruebas solicitadas por la familia, en concreto la que consideran más relevante: la declaración de los investigadores de la Policía Judicial de Verín que pusieron de manifiesto a la juez sus sospechas sobre un caso de violencia machista.
Cristina Fernández Viforcos -en otros destino de abril- estaba al frente de Instrucción Número 1 de Verín en abril de 2015, cuando Aniceto Rodríguez atacó presuntamente a su mujer con un martillo, tratando de fingir un robo. La Policía Judicial solo tardó 5 días en desmontar su versión. Presentó un atestado a la juez donde señalaban al marido como el "principal sospechoso" del primer ataque. Subrayaron el "peligro" que supondría para la mujer no restringir las visitas de Aniceto Rodríguez al hospital. Pedían, además, intervenirle el teléfono. Viforcos rechazó poner el foco en el esposo, al no ver indicios contra él y tras calificar las conclusiones de los agentes como "conjeturas" e indicios "insuficientes".
El CGPJ avaló a la juez
La familia planteó una queja ante el Poder Judicial, tras afirmar que la juez "ocultó" un caso de violencia de género, porque supuestamente solo informó a la Fiscalía por teléfono, sin remitir copia física del atestado. Beatriz Seijo instó la apertura de un expediente disciplinario y la aplicación de una sanción, al sostener que el crimen pudo evitarse si el sistema hubiera funcionado conforme debía. Al tratarse de un posible caso de violencia de género, la juez tendría que haber convocado una comparencia para decidir sobre el sospechoso. El Consejo General del Poder Judicial desestimó tanto la primera denuncia como el posterior recurso, avalando la actuación de la juez discutida. Según el criterio del órgano rector, Viforcos "resolvió de forma razonada y motivada", adoptando "todas las resoluciones que procedían" y obrando "con arreglo a la ley".
