Preocupación e incertidumbre. Esa es la situación en la que dicen encontrarse los propietarios de las viviendas, que son reacios a realizar manifestaciones sobre esa orden de derribo más allá del comunicado oficial que emitió la comunidad de propietarios. Pero "mientras tenemos que seguir pagando la hipoteca que tenemos y que nos concedieron en su momento los bancos", proclama uno de los propietarios.

Para muchos de ellos, sobre todo las parejas jóvenes, la compra del piso en el que residen supuso un esfuerzo para desarrollar una vida de futuro con una vivienda propia, que como dice uno de ellos "compartimos con el banco". Sobre el litigio judicial entre los denunciantes y el Concello, reconocen que no esperaban que se llegase a la situación actual.

Es por eso que reiteran sus críticas hacia el Concello y, en concreto, contra los últimos gobiernos municipales, al asegurar que "no hicieron nada por resolver el problema".

Y dicen no entender cómo se "enzarzan por cuestiones menores", y en cambio con un asunto que afecta a 90 familias "son incapaces de dar una solución". Sobre las indemnizaciones que están dispuestos a reclamar prefieren no hablar, pues su objetivo es "seguir viviendo en nuestro piso".