25 de noviembre de 2016
Problemas derivados de la anulación del PXOM de 2003

El Concello comunica la sentencia de ejecución del TSXG para la demolición de dos edificios

Afecta a los propietarios de unas 90 viviendas en la calle Marcelo Macías, a los que se les da un plazo de tres meses -El alcalde apela a todos los grupos políticos para buscar una solución y evitar el derribo del inmueble

25.11.2016 | 04:51
Los edificios de la calle Marcelo Macías sobre los que pesa una orden de demolición del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. // Brais Lorenzo

El Concello trasladó a los propietarios de las viviendas en los edificios 146, 148 y 150 de la calle Marcelo Macías, en torno a 90, de la orden de demolición en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), para lo que tienen un plazo de tres meses. Así lo daba a conocer el alcalde, Jesús Vázquez, en su comparecencia de ayer al término de la reunión de la Junta de Gobierno Local, en la que se abordó esa cuestión.

Se trata de una edificación que contaba con todas las licencias municipales, pero la anulación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de 2003 provocó que se quedasen sin efecto. De ahí que los recursos presentados en su momento por las propietarias de las parcelas que se encuentran al lado del inmueble, por "sentirse perjudicadas", prosperasen y derivasen en la resolución judicial, solicitando la ejecución de la sentencia.

El alcalde asegura que se trata de "una muy mala noticia", debido a que afecta a unas noventa familias, y considera que la solución pasa por "la unión de todos los grupos políticos", en el sentido de dar una solución, que podría encuadrarse en el nuevo planeamiento urbanístico de ciudad. El proceso que se inicia ahora permite la presentación de alegaciones y recursos por parte de los propietarios, por lo que se puede demorar su ejecución de demolición más allá de esos tres meses.

Drama humano

El drama humano es evidente. Como muestra, basta la imagen de Josefa Fernández con Manuel Martínez, una de las personas que viven en el edificio, afectada por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Una vez tuvieron conocimiento de la comunicación del concello, relacionada con la ejecución de la sentencia, la comunicad de propietarios, a través de un comunicado, además de dejar claro que compraron sus viviendas "con todas las autorizaciones legales exigidas", como la licencia de obra y ocupación, advierten que de ejecutarse el derribo, eso supondría "indemnizaciones millonarias" a las que deberá hacer frente el propio concello.

De ahí que los propietarios sostienen que es el concello el "principal responsable" de las consecuencias que se deriven de la demolición de los tres edificios. Además de denunciar que a lo largo del tiempo "no solo no adoptó ninguna medida" para resolver las deficiencias que determinó la anulación del PXOM de 2003, ni tampoco la incorporó a la ordenación urbanística provisional, que viene de anular el alto tribunal gallego y contra la que presentó recurso de casación el Concello y la Xunta ante el Tribunal Supremo.

Es por eso que por parte de la comunidad de propietarios dicen no entender que, en esta situación, con "las gravísimas consecuencias sociales y económicas que representan la posible demolición, por parte del concello no se haya conseguido aprobar una ordenación urbanística que permita regularizar el inmueble". Y concretar que cuando se refieren al concello señalan a los cuatro grupos políticos con representación: PP, PSOE, DO y OUeC. Y reprochar que se pasen los días "tirándose los trastos a la cabeza, pero sin capacidad para sentarse para resolver los problemas reales de los ciudadanos".

En esa misma línea, y después de advertir que el concello, "obligado a garantizar la vivienda que hemos adquirido cumplía todas las exigencias legales, no solo no ha cumplido, sino que permaneció en absoluta pasividad durante estos años".

Y denunciar que pretende "eludir sus gravísimas responsabilidades ordenándonos la demolición del edifico, sin plantear ninguna otra alternativa. Concluyendo que "en una especie de broma macabra, lo único que se le ocurre es aprobar en Junta de Gobierno Local la pretensión de que nosotros mismos demolamos el edificio en un plazo de tres meses".

Anulación de la licencia

Lo que les lleva a concretar que la sentencia del alto tribunal gallego que anula la licencia ordena al concello, no a los que propietarios de las viviendas, la demolición de lo realizado al amparo de la licencia anulada y la restitución del terreno objeto de edificación a su estado anterior.

Es por eso que el alcalde dejaban patente la voluntad del gobierno de buscar alternativas conjuntamente con el resto de los grupos municipales, "y dejar de lado otras cuestiones", ya que de lo que se trata es de "pensar en esas noventa familias". Lo que explicó Jesús Vázquez es que "en eso está trabajando el gobierno", pero para poder avanzar se debe contar con todos los grupos políticos.

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