Un año después de su apertura, la investigación contra el presidente de la Diputación y del PP de Ourense, José Manuel Baltar, bajo el foco por ofrecer presuntamente un puesto de trabajo a cambio de sexo, se mueve en un debate legal entre la supuesta prescripción -la defensa dice que ya se habría extinguido la responsabilidad de unos hechos de 2010, pero la juez indica que la presunta humillación y trato vejatorio a la mujer habría seguido en 2012-, así como el tiempo en que la denunciante-investigada trabajó para la administración y su vinculación con el PP. La relación de dependencia trata de acreditarla la magistrada Eva Armesto con pruebas como la declaración prestada ayer por 5 testigos del partido, con el objetivo de confirmar la supuesta dependencia jerárquica de T. F. C. con el político investigado por acoso sexual y presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. Los citados confirmaron en la sala que la mujer colaboró con el partido en actos de campaña, como su presencia en una carpa en 2011, y que incluso fue interventora de una mesa, a petición propia, en las generales de 2008, según manifestó el exconcejal Javier Rodríguez Nóvoa.

No obstante, para la defensa del presidente, "el único objeto de la prueba" de ayer "es mantener viva una causa que está afectando al honor de una persona. No existe indicio delictivo y en cualquier caso ya hubiera prescrito". José Ramón Montero, abogado de Madrid, solicitará el archivo de la causa. "Esto no tiene otro camino. No tiene sentido mantener viva una causa cuyo único objetivo es colgar un sambenito a una persona". Desde el inicio del proceso -primero con una denuncia archivada en la Fiscalía y desde hace casi un año, en fase de instrucción judicial-, Baltar ha eludido dar explicaciones, calificando los hechos como un asunto de índole personal. La semana pasada, al conocerse que la juez rechazaba el archivo por prescripción, el presidente provincial y del PP mostró "ninguna preocupación" e instó a dejar que la justicia "hable en su momento y punto".

Su defensa no ve sentido al proceso judicial, en el que la Fiscalía tampoco ve delito. "Es una instrucción extensísima por parte del juzgado, con diligencias que lo único que conducen es a la inexistencia de indicio delictivo alguno". Esa línea expresó ayer también Luis Romero, abogado de Baltar padre, al que la denunciante también grabó con micro oculto. "El resultado probatorio para mantener la acusación es completamente nulo; no hay visos de actividad ilícita. Si una simple conversación entre dos personas es suficiente para dirigir una acusación, cualquiera de nosotros podremos estar sentados en el banquillo en cualquier momento", añadió el letrado.

Muy distinta es la versión del abogado de Democracia Ourensana, Miguel Caride, al que la defensa de Baltar hijo quiso dejar fuera del interrogatorio de ayer, basándose en "la irregularidad de la personación", que está a nombre de Gonzalo Jácome y Armando Ojea, los diputados provinciales de Democracia Ourensana, pero no del partido en sí. "Quieren que la acusación popular no esté personada y sacarla aunque sea con machete, porque es la única forma de que se archive una vez que el fiscal no acusa. Es una forma de ganar el partido en los despachos", dijo Caride. La juez resolverá por escrito pero ayer descartó dejar fuera de la causa al letrado.

La acusación popular considera que las declaraciones de los testigos del PP "demostraron" la vinculación de la denunciante con el partido que José Manuel Baltar preside desde enero de 2010. Según Caride, las administrativas de la sede declararon que la conocían, "y tanto José Luis Baltar como Manuel Baltar conocían antes de 2010" a la investigada. El abogado de DO cree que los testimonios "dejan en evidencia" las manifestaciones de Baltar y "da credibilidad" a la versión de la denunciante. Caride considera que existen indicios de "un posible delito de cohecho, donde la dádiva que media es un favor sexual. Este tipo de pruebas siempre es difícil porque el pecado de alcoba en la alcoba queda. Tenemos que buscar pruebas circunstanciales, por lo que hay que buscar la credibilidad de las manifestaciones de una y otra parte".

Javier Rodríguez Nóvoa atendió a la prensa. El actual jefe de Personal del Concello, edil entre 1995 y 2011, aún era el jefe del distrito de San Francisco. "Sorprendido" por su citación, confirmó que T. F. C. le pidió formar parte de una mesa electoral de su distrito, aunque ella militaba en otro, en O Couto. También se cruzó con ella en la Diputación, aunque dice desconocer dónde trabajaba.

Además de José Manuel Baltar, en las diligencias continúan imputados su padre y predecesor, José Luis Baltar, además del jefe de personal de la Diputación y alcalde del PP en Monterrei, José Luis Suárez.