"Obré siempre de buena fe y solo para proteger a mi hija. Con todas las medidas legales a mi alcance, intenté evitar que viviera una situación dramática y alejarla de una situación de conflicto". María G. M., la ourensana de 44 años acusada de sustracción de menores por retrasar más de dos meses la entrega de su hija, tras el cambio de custodia en favor del padre, aprovechó ayer el derecho a la última palabra para defender que el bienestar de la niña era su prioridad. "Desde la separación he cumplido todas las sentencias, aun sin compartirlas ni entenderlas", añadió, a modo de argumento frente a la acusación alternativa de un supuesto delito de desobediencia a la justicia.
No obstante, la Fiscalía mantuvo la acusación al término del juicio, que ayer quedó visto para sentencia en el Penal 2 de Ourense. El ministerio público solicita dos años de prisión para la ourensana por la presunta sustracción de menores, o bien seis meses si la juez entiende que los hechos son constitutivos de un delito de desobediencia. El exmarido ejerce la acusación particular y eleva la solicitud de condena a cuatro años de cárcel. Además, pide 40.000 euros de indemnización por el supuesto daño moral sufrido.
El caso tuvo un gran revuelo mediático en 2013. La familia ourensana recibió el apoyo de sectores educativos y entidades sociales de la ciudad. Desde que la Audiencia Provincial de Asturias entregó la custodia al padre hasta que la progenitora procedió a la entrega voluntaria pasaron dos meses y medio.
Los problemas entre los progenitores se remontan al año 2010, a raíz del divorcio. Desde entonces lucharon judicialmente por la custodia de la menor. Si bien dichas resoluciones inicialmente fueron favorables a la madre, en una sentencia posterior de marzo de 2013, la Audiencia Provincial de Asturias revocó un fallo del Juzgado de Primera Instancia 7 de Oviedo y concedió la custodia al padre, estableciendo que la entrega de la menor era efectiva desde el momento en que fuese escolarizada en Oviedo.
Las acusaciones subrayan que a pesar de que la madre debía haber entregado a la pequeña a su padre el 30 de marzo, tal y como se dictó en la sentencia, no se produjo hasta casi tres meses después, el 17 de junio en Ourense. La mujer y su hija estuvieron en paradero desconocido. La Policía no logró localizarlas en todo ese tiempo.
María G. M., asegura que buscó todas las vías legales para una posible inejecución tras la sentencia que le retiró la custodia. "Solo intenté protegerla", dijo el primer día del juicio. La defensa, ejercida por el padre de la acusada, abuelo de la menor, negó que en los requerimientos se le indicase la fecha concreta en la que debía entregar a su hija. Entendía, dijo, que la decisión de escolarizar a la menor debía hacerse mediante acuerdo de ambos progenitores, al conservar ambos la patria potestad. Para la acusación particular del exmarido, la madre tuvo "secuestrada" a la niña.
En un extenso alegato de más de una hora, y tras lamentar los "tres años y medio de estigmatización" de la acusada, la defensa subrayó que la ourensana "simplemente intentó proteger a su hija, y por eso se ha sentado en el banquillo. Cualquier madre en la misma situación hubiera hecho lo mismo". "Hizo lo que jurídicamente estaba en su mano", con unas medidas urgentes para intentar la inejecución de la sentencia. "No hizo caso de forma maliciosa" y el propósito era "el interés del menor".
