Apoyaron los funcionarios, los secretarios judiciales y las magistradas de la jurisdicción. Se sumaron el juez decano y el presidente de la Audiencia Provincial. También se adhirió a la causa el alcalde, Jesús Vázquez, preocupado por unos datos "alarmantes". Ayer, quien prometió lo que esté en su mano fue el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas. El sindicato "Alternativas na Xustiza - CUT" mantuvo un encuentro con la máxima autoridad judicial de Galicia en la sede del TSXG en A Coruña. Según la central, Cadenas se ha comprometido a abordar la problemática de los juzgados de lo Penal de Ourense, entre los más colapsados de Galicia, en la Comisión Mixta que se celebra hoy en A Coruña y en la que estará presente el conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda.
Según la central, que transmitió ayer la "necesidad urgente" de un tercer juzgado de refuerzo, el presidente del TSXG comunicará hoy "el nombramiento de un magistrado de adscripción territorial para el juzgado de refuerzo", para lo que tiene competencia exclusiva. La figura del llamado JAT se encuentra en la actualidad en plazo de resolución del concurso, puesto que la plaza estaba vacante.
Disponer de un magistrado de apoyo en los penales permitirá incrementar el número de vistas por semana y reduciría la espera por el día del juicio. En la actualidad, las sedes están señalando a 7 u 8 meses vista, con la salvedad de las causas con preso, que como violencia de género son prioritarias. El 26 de octubre cesó la segunda juez adscrita a la jurisdicción desde mayo de 2014. Desde entonces, según los funcionarios, se han suspendido juicios y el retraso desde el señalamiento podría llegar a 1 año.
A mayores de prorrogar el JAT, añade el sindicato, Cadenas "mediará con la Xunta de Galicia para el nombramiento de los funcionarios necesarios, y con el Ministerio de Justicia, para el nombramiento por parte de este de un letrado de la administración de justicia, imprescindible para la puesta en funcionamiento de un juzgado de refuerzo".
Satisfechos ante la predisposición del presidente del TSXG, los representantes de los trabajadores ponen la pelota en el tejado de la Xunta de Galicia. "Una vez logrados estos compromisos, quedaría en manos de Alfonso Rueda [vicepresidente y conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza] la creación de un juzgado de refuerzo".
Más factible un juzgado civil
La creación de nuevos juzgados compete al Ministerio de Justicia, que designa las nuevas unidades. En los últimos años la dotación se ha congelado. Madrid dispone pero Galicia propone. La Xunta tiene voz, al igual que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en la llamada Comisión Mixta que se reúne hoy, donde se estudian las necesidades de justicia. En la última memoria del Tribunal Superior se apuntaba como "imprescindible" la creación de un séptimo juzgado de primera instancia para desatascar así a Familia y Mercantil, dos civiles que no son exclusivos. No se aludía a los dos juzgados de lo Penal. El último juzgado nuevo para Ourense fue el Social Número 4, en marcha desde 2010.
En octubre, "Alternativas na Xustiza - CUT" puso el foco sobre los penales de Ourense y la "discriminación" con la provincia en materia de unidades judiciales. Esgrimió las propias estadísticas del TSXG para poner sobre la mesa el estado de congestión de las dos sedes. Un dato llamó la atención más que ninguno: 120 delitos quedaron sin castigo para sus autores, solo en el año 2015, por la prescripción de la causa en la fase de ejecución, es decir, durante el trámite para hacer cumplir la condena. Entre los beneficiados por el retraso había, sobre todo, acusados en situación de busca y captura, extranjeros a los que no se pudo localizar a tiempo.
Entre los delincuentes que salieron impunes por los plazos, alguno hubiera tenido que ingresar en prisión. También afectó a penados por delitos leves o a trabajos sociales. El atasco de casos pendientes y ejecutorias es un mal crónico de estos juzgados desde hace años. El Penal 2 es el que peor números presentaba y el que suma la mayoría de los 120 casos prescritos. El colapso de las sedes -la última se creó en los noventa- derivó en la apertura de expedientes disciplinarios a una letrada de la administración de justicia, un juez y funcionarios.
"Los datos más alarmantes"
El sindicato entregó ayer un informe con los datos al presidente del TSXG. En los dos juzgados de lo penal de Ourense la pendencia de asuntos es la mayor de la comunidad -un 50% superior- y la suma de las ejecutorias ingresadas y reabiertas supone un 58% más que la media gallega (740 expedientes). Los últimos datos del Poder Judicial sitúan en 1.447 la cifra de condenas por hacer cumplir. "Son los juzgados con los números más alarmantes de Galicia", sostiene el sindicato.
La central ve posible disponer de un tercer juzgado inmediatamente, para que no regrese el colapso, sin necesidad de que se cree oficialmente una nueve sede, sino sumando a los refuerzos ya existentes y a la figura del juez de apoyo prevista para Ourense, otros 4 funcionarios (2 gestores y 2 de auxilio), así como un letrado de la administración de justicia (secretario). La Xunta ha adscrito 5 funcionarios desde 2014 que continúan en los penales (dos en el número 2 y tres en el número 1).
