El exalcalde del PSdeG en Ourense, Francisco Rodríguez (2007-2012), sale exculpado de una pieza separada de la operación Pokemon que la magistrada Pilar de Lara remitió a la ciudad de As Burgas para que se investigaran presuntos delitos como prevaricación urbanística, por la venta de una parcela de aprovechamiento municipal a la constructora Copasa, y supuesto cohecho, por un viaje a Latinoamérica en 2008 que fue presuntamente abonado por la empresa y cuyo importe ascendió a unos 8.500 euros. Esta causa recayó en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Ourense y su titular, el magistrado decano, Leonardo Álvarez, ha decretado el sobreseimiento provisional, tras hacer suyo un informe de la Fiscalía favorable al archivo. El juez considera "sobradamente" prescritos ambos delitos y tampoco ve prueba alguna de otros tres posibles planteados por De Lara.
El auto de sobreseimiento tiene fecha de 14 de octubre y pone fin a unas diligencias abiertas en Ourense en el mes de abril de este año. Francisco Rodríguez no llegó a ser citado a declarar. El caso se incoó en Ourense a raíz de la inhibición acordada por el Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, el de Pilar de Lara. La juez veía indicios de una presunta prevaricación urbanística, por la venta y adjudicación directa a Copasa de un aprovechamiento urbanístico municipal en el polígono AR-38-N, en la zona de A Chavasqueira. Así lo aprobó la junta de gobierno local en abril de 2010. La transacción se materializó por cerca de 1,2 millones de euros. El juzgado de lo contencioso avalaría dicha operación urbanística.
La magistrada también derivó al juzgado de Ourense la posible existencia de cohecho, por el viaje realizado por Francisco Rodríguez y su esposa (también investigada en la Pokemon) a Argentina y Brasil, entre los días 2 y 11 de mayo de 2008. Pilar de Lara sospechaba que podía tratarse de un "agasajo" por parte de Copasa ante el presunto trato de favor que habría recibido del Concello de Ourense por la adjudicación directa de la parcela, aunque el exalcalde siempre mantuvo que se trataba de un viaje de carácter institucional, que había sido organizado por empresarios gallegos en la emigración. Derivados de los anteriores, la magistrada de Lugo propuso investigar otros posibles delitos: contra la ordenación del territorio, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
El juez Leonardo Álvarez considera prescritos los supuestos delito de cohecho y contra la ordenación del territorio, declarando "extinguida la responsabilidad criminal en la que pueda haber incurrido" el exregidor del PSdeG en Ourense. El supuesto soborno ya habría prescrito a los 3 años, "y si tenemos en cuenta que el procedimiento se dirige contra Francisco Rodríguez en el año 2016, es indudable que ha pasado sobradamente el plazo". Es el mismo razonamiento que aplica sobre el presunto delito contra la ordenación del territorio, puesto que las obras de urbanización en la parcela de A Chavasqueira se llevaron a cabo en 2008 y 2009, y el plazo de extinción de la responsabilidad también es de 3 años.
En relación a los otras posibles infracciones que Pilar de Lara pidió averiguar, los presuntos delitos de tráfico de influencias y de blanqueo de capitales, el juez Leonardo Álvarez concluye que "de lo actuado hasta la fecha, no se deducen indicios suficientes para considerar acreditada una conducta constitutiva de infracción criminal". El juez hace suyos "los acertados argumentos", a favor de archivar esta pieza separada, que expuso la fiscal de su juzgado, en un informe de fecha 22 de julio de 2016.
El exregidor queda así exculpado en esta pieza separada, pero aún permanece entre las decenas de investigados en la causa principal de la operación Pokemon, por la que tuvo que dimitir en septiembre de 2012 tras ser detenido y puesto en libertad bajo fianza.
