11 de noviembre de 2016

El exalcalde Francisco Rodríguez, exculpado en una de las partes de la Pokemon

Pilar de Lara remitió una pieza separada por 5 posibles delitos a Ourense - El decano, Leonardo Álvarez, declara prescritos los hechos y tampoco halla pruebas de ilegalidades

11.11.2016 | 20:30
Francisco Rodríguez, arropado tras verse obligado a dimitir en septiembre de 2012

El exalcalde del PSdeG en Ourense, Francisco Rodríguez (2007-2012), sale exculpado de una pieza separada de la operación Pokemon que la magistrada Pilar de Lara remitió a la ciudad de As Burgas para que se investigaran presuntos delitos como prevaricación urbanística, por la venta de una parcela de aprovechamiento municipal a la constructora Copasa, y supuesto cohecho, por un viaje a Latinoamérica en 2008 que fue presuntamente abonado por la empresa y cuyo importe ascendió a unos 8.500 euros. Esta causa recayó en el juzgado de Instrucción Número 1 de Ourense y su titular, el magistrado decano, Leonardo Álvarez, ha decretado el sobreseimiento provisional, tras hacer suyo un informe de la Fiscalía favorable al archivo. El juez considera "sobradamente" prescritos ambos delitos y tampoco ve prueba alguna de otros tres posibles planteados por De Lara.

Derivados de los anteriores, la magistrada de Lugo propuso investigar otros posibles delitos: contra la ordenación del territorio, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. El juez Leonardo Álvarez considera prescritos los supuestos delito de cohecho y contra la ordenación del territorio, declarando "extinguida la responsabilidad criminal en la que pueda haber incurrido" el exregidor del PSdeG en Ourense. El supuesto soborno ya habría prescrito a los 3 años, "y si tenemos en cuenta que el procedimiento se dirige contra Francisco Rodríguez en el año 2016, es indudable que ha pasado sobradamente el plazo".

Es el mismo razonamiento que aplica sobre el presunto delito contra la ordenación del territorio, puesto que las obras de urbanización en la parcela de A Chavasqueira se llevaron a cabo en 2008 y 2009, y el plazo de extinción de la responsabilidad también es de 3 años.
En relación a los otras posibles infracciones que Pilar de Lara pidió averiguar, los presuntos delitos de tráfico de influencias y de blanqueo de capitales, el juez Leonardo Álvarez concluye que "de lo actuado hasta la fecha, no se deducen indicios suficientes para considerar acreditada una conducta constitutiva de infracción criminal".

El exregidor queda así exculpado en esta pieza separada, pero aún permanece entre las decenas de investigados en la causa principal de la operación Pokemon, por la que tuvo que dimitir en septiembre de 2012 tras ser detenido y puesto en libertad bajo fianza.

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