La oposición municipal -Democracia Ourensana, Partido Socialista y Ourense en Común- aprobó la creación de una comisión de investigación que depure las responsabilidades técnicas y políticas derivadas de la anulación de la ordenación provisional urbanística por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra la que la que el Concello y la Xunta presentarán un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La decisión final de la puesta en marcha de la comisión la tendrá el gobierno municipal, ya que se trata de una moción cuyo acuerdo no es vinculante.
El Partido Popular mostró su rechazo a la iniciativa presentada por OUeC, por entender el concejal de Urbanismo, José Cudeiro, que "no hay nada que investigar", y señalar que la anulación de la ordenación urbanística provisional se produce por "un cambio de criterio jurisprudencial". En este sentido, el edil argumentó que existen ordenaciones provisionales aprobadas por la Xunta y que están vigentes a día de hoy en varios concellos gallegos. Además de plantear si pretende "meter a los jueces en la investigación que quieren llevar a cabo".
Anulación del plan
Durante el debate, se sacó a colación la recurrente anulación del Plan Xeral de 2003 llegando el edil de DO Pablo Prol, después de proclamar que los problemas en materia de urbanismo en Ourense "son muy sospechosos", a calificar de "delito" la adjudicación que se llevó a cabo en su momento de la elaboración de ese plan, y que se hizo a una determinada empresa.
La respuesta de Cudeiro fue inmediata y rotunda: "Si tiene idea de algún delito vaya al juzgado". Y recordó que él estuvo en esa mesa de contratación como funcionario que era, no como director xeral, tal como había indicado la edil socialista Carmen Rodríguez, a la que recordó que "su conselleira" -por la socialista María Jesús Caride- no quiso aprobar la ordenación municipal en su momento.
La socialista Carmen Rodríguez replicó que su grupo apoya la comisión de investigación "por transparencia", y dejó claro que "sabemos quiénes son los culpables" de la situación urbanística. Acusó al PP de "estar más preocupado por el negocio privado, que por el interés general". En lo que incidía Martiño Vázquez es que después de todo lo que aconteció en materia urbanística (anulación del plan de 2003 y recientemente ordenación provisional) "las responsabilidades políticas son cero".
De esa forma justificó la necesidad de investigar, sobre todo cuando están pendientes 24 reclamaciones patrimoniales millonarias por la caída del plan de 2003. Así como las que se puedan derivar de la ordenación provisional.
Sobre esta cuestión surgieron las diferencias, ya que José Cudeiro mantiene que se pudo aprovechar el trabajo del plan anulado, con lo que "ahorraríamos tiempo y dinero", y rechazó el argumento de Carmen Rodríguez de que "no se podía retrotraer por los defectos que tenia", y aludió al informe emitido por un técnico municipal.
En cuanto a la acusación de Rodríguez sobre el "negocio privado", el edil de Urbanismo recordó que "sin la iniciativa privada no hay desarrollo económico, pero eso no quiere decir que se cometan irregularidades".
