La oposición municipal, Democracia Ourensana, PSOE y Ourense en Común aprobaron la creación de una comisión de investigación que depure las responsabilidades técnicas y políticas derivadas de la anulación de la ordenación provisional urbanística por el TSXG contra la que la que el concello y la Xunta presentarán un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
El Partido Popular mostró su rechazo por entender que esa situación se produce por "un cambio de criterio jurisprudencial", como indicó el edil de Urbanismo José Cudeiro. En este sentido, argumentó que existen ordenaciones provisionales aprobadas por la Xunta y que están vigentes a día de hoy.
Durante el debate, se sacó a colación la recurrente anulación del Plan Xeral de 2003 llegando el edil de DO Pablo Prol a calificar de "delito" la adjudicación de la elaboración de ese plan a una determinada empresa.
La respuesta de Cudeiro fue inmediata: "Si tiene idea de algún delito vaya al juzgado". Y recordó que él estuvo en esa mesa de contratación como funcionario que era, no director xeral, tal como había indicado la edil socialista Carmen Rodríguez, a la que recordó que su conselleira - por María Jesús Caride- no quiso aprobar la ordenación municipal en su momento.
