Cerca de 1.500 condenas firmes arrastraban los dos juzgados de lo Penal de Ourense, al cierre del segundo semestre de este año. Casos en fase de ejecución que exigen a los funcionarios y tienen el reloj en marcha. Si transcurren 5 años desde la sentencia, el asunto prescribe. En 2015, unos 120 delitos quedaron impunes al caducar el trámite de la ejecución. Para erradicar ese mal crónico de la jurisdicción, funcionarios y jueces -con el apoyo expreso del decano y el presidente de la Audiencia- han secundado una iniciativa del sindicato "Alternativas na Xustiza - CUT", que exige un tercer juzgado, al menos de facto, con la asignación del personal necesario para desatascar la jurisdicción. A la causa también se suma el alcalde, Jesús Vázquez.
El regidor del PP recibió ayer a la delegada en Ourense del sindicato, Nuria Fornos; al portavoz en Galicia, Pablo Valeiras, y a un funcionario del Penal Número 1. Todos explicaron la situación de primera mano, aunque el alcalde "había hecho los deberes. Preguntó a la Xunta, estaba informado e incluso nos pidió un informe más amplio y todos los datos", subrayan los interlocutores.
La creación de nuevos juzgados compete al Ministerio de Justicia, que designa las nuevas unidades. En los últimos años la dotación se ha congelado. Madrid dispone pero Galicia propone. La Xunta tiene voz, al igual que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en la llamada Comisión Mixta, donde se estudian las necesidades de justicia. La Xunta conoce el problema de atasco de los penales, puesto que desde 2014 ha asignado 5 funcionarios de refuerzo. Según datos extraídos del Poder Judicial, la pendencia de asuntos es un 50% superior y la suma de las ejecutorias ingresadas y reabiertas supone un 58% más que la media gallega de juzgados penales.
Su labor completaba la que, en materia de resolución de casos y apoyo en juicios, han realizado los dos jueces de apoyo adscritos a los penales desde mediados de 2014. La última, Noemí González, cesó este martes para tomar posesión de un juzgado en Fuerteventura.
Los funcionarios alertan de que, en la práctica, el reparto sigue operando como si hubiera tres magistrados, lo que obligará a suspender vistas y a demorar los señalamientos más allá de los 8 meses que transcurren en la actualidad.
"Intentaremos buscar soluciones y mostraremos la preocupación que asume toda la ciudad, no solo todo el aparato judicial, ante esos datos preocupantes y alarmantes", subrayó Jesús Vázquez. al término de la reunión de ayer. El alcalde demandará un tercer juzgado de facto, que sería posible sin necesidad de que se cree oficialmente un nuevo juzgado, sino sumando a los refuerzos ya existentes y a la figura del juez de apoyo prevista para Ourense, otros 4 funcionarios (2 gestores y 2 de auxilio), así como un letrado de la administración de justicia (secretario).
El sindicato Alternativas na Xustiza dará tiempo a que la Xunta se pronuncie, pero planea ya una recogida de firmas, a las puertas del juzgado y el propio Concello. "Es una reclamación justa y queremos que se trate de manera consensuada. Pero sin en más o menos un mes no vemos movimiento, recogeremos apoyos para hacérselos llegar a la Dirección Xeral y para hacer entender a la ciudadanía la repercusión negativa de esta situación", manifestó ayer Pablo Valeiras.
