¿Fue legítima defensa contra un ladrón violento o un intento de homicidio a punta de pistola? La Audiencia Provincial de Ourense enjuiciará a finales de noviembre a un ourensano que está acusado de disparar con ánimo de quitar la vida a un ladrón que se coló en su empresa para robar. La Fiscalía solicita una condena de 6 años de prisión y también acusa al progenitor y dueño de la empresa, un desguace. Presuntamente los dos golpearon a la víctima después de que el principal implicado lo alcanzara con un disparo a 2 metros de distancia. La víctima sufrió una herida en la zona cervical y tuvo que permanecer hospitalizado cuatro días.

El ministerio público acusa a J. J. G. C. de un delito de intento de homicidio, otro de tenencia ilícita de armas, así como de una falta de lesiones, que es la misma infracción que imputa a su progenitor y fundador de la empresa, M. G. A. El principal implicado lo niega todo. Dice que, tras robar unos 1.800 euros de la oficina, el extraño se abalanzó contra él armado con un destornillador, y su reacción fue la de desarmarlo, pero sin hacer disparo alguno.

La Guardia Civil le hizo la llamada prueba de la parafina para comprobar si había efectuado disparos. Dio positivo en restos de pólvora. Ante esa evidencia, el encausado defiende que celebró con petardos -da incluso la marca y el lugar donde los compró- la victoria del Real Madrid ocurrida el día antes.

Apunta incluso a otra posibilidad. Según la defensa, el mismo día anterior, el acusado y su hermano estuvieron disparando con una escopeta, que aseguran es legal, a una silla vieja.

Los hechos tuvieron lugar el 17 de marzo de 2013 en el interior del recinto del establecimiento ubicado en las proximidades de la carretera nacional N-525, en el término municipal de Coles. Según la versión de la Fiscalía, la víctima había entrado al recinto de la empresa saltando un muro y con la intención de cometer un robo. Cuando se disponía a abandonar el desguace, el acusado le habría disparado a unos 2 metros de distancia.

Según los investigadores, el acusado usó una pistola semiautomática del calibre 6.35 Browning, o bien una pistola detonadora transformada al citado calibre, puesto que no fue encontrada. En cualquier caso su posesión era ilegal Presuntamente, efectuó un tiro contra el extraño, alcanzándole el proyectil en una vértebra cervical.

Asegura el ministerio público que una vez que la víctima se dio la vuelta, el principal acusado habría continuado apuntándole con el arma, efectuando varios disparos más dirigidos contra el ladrón, si bien aunque se escuchaba el chasquido no llegó a salir la bala por algún defecto de la pistola.

Presuntamente, el acusado también le colocó el arma en la sien, mientras llamaba por teléfono a su padre , para que acudiera al lugar de los hechos, mientras manifestaba, según el fiscal: "Hijo de puta, que te mato, no te muevas". Según la Fiscalía, una vez que el progenitor llegó al lugar, los dos acusados le propinaron diversos golpes.

Muy distinta es la versión de la defensa, que pide la absolución para el principal acusado y también para su progenitor.

Según su relato, el extraño entró a robar a la oficina tras romper la ventana, abrió varios cajones y encontró una caja metálica de la que extrajo 1.800 euros. El acusado oyó un ruido y bajó de la vivienda. Vio a un hombre con un pasamontañas, ocultando el rostro y que salía de las oficinas. El acusado alega que siguió al ladrón y que este se volvió y se abalanzó sobre él armado con un destornillador, intentando agredirle a la altura del pecho.

Le dieron 5 euros por "pena"

Según la defensa, J. J. G. C., con intención de protegerse, le golpeó el brazo armado, lo tiró al suelo y se puso sobre él para inmovilizarlo. Cuando llegó el padre, supuestamente le quitaron el dinero. El progenitor le habría dado patadas a la altura de la cadera, pero sin causarle lesión alguna. Aseguran, incluso, que les dio pena y lo dejaron marcha, dándole 5 euros para un bocadillo. ¿Cómo es posible entonces que la víctima tuviera que ser operada por un disparo? Para el abogado la única explicación es que el disparo se lo metieran en otro lugar, no en el desguace. Aduce que ni se encontró el arma empleada ni tampoco el casquillo.

La víctima tenía una herida en la región cervical izquierda. Tuvieron que extraerle el proyectil. Estuvo hospitalizado 4 días e impedido 30 días. Le queda como prueba de las operaciones una cicatriz de 8 centímetros. Los gastos médicos fueron cifrados por el Sergas en 2.842,15 euros, una cantidad que el principal implicado deberá resarcir a la administración en caso de que termine condenado.

La Fiscalía atribuye a J. J. G. C. los presuntos delitos de intento de homicidio y tenencia ilícita de armas. Por el primero, la acusación pública solicita la pena de 5 años de cárcel, aceptando una circunstancia atenuante de legítima defensa. Por la posesión del arma ilegal, pide 1 año más.

Los dos acusados, padre e hijo, se enfrentan al pago de una multa de 270 euros, cada uno, por una falta de lesiones. En cuanto a la responsabilidad civil si se demuestra la culpabilidad de los imputados, según la Fiscalía J. J. G. C. debería indemnizar a la víctima con 2.080 euros por las lesiones sufridas, más otros 3.000 en concepto de secuelas, además del importe antes citado de la factura hospitalaria. En el procedimiento penal está personado un letrado en representación de la Xunta de Galicia para reclamar el abono de los gastos médicos.

La acusación particular considera que los hechos constituyeron un intento de asesinato, más otro delito de tenencia ilícita y una falta de lesiones. En total, 18 años de prisión para el principal implicado. Esta parte pide 15.000 euros en concepto de responsabilidad civil.