La sobrecarga de trabajo en los dos juzgados de lo Penal de Ourense, un mal crónico durante años, hace prescribir la ejecución de condenas firmes, por lo que sus efectos caducan. Esta realidad que se reconocía en voz baja en el juzgado fue subrayada ayer, con claridad, por los representantes de "Alternativas na Xustiza", el sindicato que lidera la reivindicación de un tercer juzgado de refuerzo para aliviar el colapso en las dos sedes y ese tipo de consecuencias perniciosas. Según Pablo Valeiras, portavoz de la central en Galicia, solo en un año han prescrito 120 causas entre el juzgado de lo Penal 1 y 2, evitando que sentencias firmes se llevaran a la práctica. El retraso dejó sin cumplir ejecutorias de penas leves, sustitutivas de prisión y trabajos en beneficio de la comunidad nunca ejecutados por la duración de la tramitación de las apelaciones. Asimismo, se acumularon las solicitudes de indultos y beneficios penitenciarios, con el consiguiente perjuicio a los interesados.

El sindicato tiró de datos del propio Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para fundamentar su "exigencia, no petición" de un tercer juzgado de lo penal que mejore los números de los dos actuales, "los más alarmantes y sin parangón en toda la comunidad". A pesar de que las dos sedes resuelven un 32% más de asuntos que la media del resto de Galicia y han tenido adscritos funcionarios de refuerzo y magistrados de apoyo -el 26 cesa la juez Noemí González, que colabora en el 1-, la pendencia de asuntos es un 50% superior -había 362 casos según la estadística- y la suma de las ejecutorias ingresadas y reabiertas supone un 58% más que la media gallega: 740 expedientes.

Valeiras también llamó la atención sobre los problemas del exceso de trabajo en la gestión de asuntos de violencia de género. El retraso se redujo de un 354% hasta el 187% actual. "Con estos números una mujer podría dudar sobre la viabilidad de denunciar a su agresor, y esto es absolutamente inasumible y repugnante".

Ante la "grave y sangrante situación" de esta jurisdicción -paliada por "el sobre esfuerzo y voluntarismo de los trabajadores, que asumen más funciones de las propias y se llevan el trabajo a casa", dicen-, y para evitar que Ourense continúe como la "eterna discriminada" -no se crean sedes judiciales desde 2010-, el sindicato ha recabado el apoyo de los propios funcionarios de los penales, de los letrados de la administración de justicia, así como de las magistradas. El propio juez decano, Leonardo Álvarez, ha mostrado su apoyo por escrito. El sindicato quiere sumar a la causa al Colegio de Abogados y sondeará el apoyo del alcalde, Jesús Vázquez, con quien pretenden reunirse.

"Alternativas na Xustiza" sacó a la luz todos los problemas con los que lidian desde hace años los dos juzgados de lo Penal de Ourense, los que más vistas celebran; decenas a la semana de violencia de género, robos, delitos contra la seguridad vial y todos aquellos con penas inferiores a 5 años de cárcel. Advierte el sindicato de que "la rapidez que exige la tramitación del gran volumen de causas que se manejan conlleva la comisión de algún error, lo que ha derivado en expedientes disciplinarios", que afectaron a funcionarios, una letrada de la administración y un juez.

Si no es posible dotar un Penal Número 3, solicitan al menos un juzgado de refuerzo real, "con el cuadro de personal completo y reparto propio, tal y como existe en los juzgados de los Social de A Coruña y Vigo". Con la "exigencia" sobre la mesa para que la Xunta se posicione -la administración y el TSXG deberían abordarlo en una comisión mixta- esperarán "un tiempo prudencial" antes de movilizarse. En la última memoria del TSXG, la necesidad del penal se pasó por alto. El Superior sí vio "imprescindible" crear un séptimo primera instancia. Valeiras dice que "no es incompatible" con el tercer penal "y los números lo justifican completamente".