El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado la sentencia de diciembre de 2015 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ourense que anulaba el acuerdo municipal en el que se otorgaba licencia de obra a la Axencia de Turismo de Galicia para ejecutar los trabajos de rehabilitación del castillo de Monterrei (Ourense) para su uso como parador.
De ello ha informado la Plataforma en Defensa do Castelo de Monterrei en un comunicado en el que señala que el TSXG ha desestimado el recurso de apelación presentado por la Axencia Galega de Turismo de la Xunta y el Ayuntamiento de Monterrei. Así, señala que la anulación de la licencia "implica que las obras de rehabilitación ejecutadas son ilegalesson ilegales, carecen de cobertura y deben ser demolidas".
La plataforma considera "una grandísima y buenísima noticia" este fallo. Aunque cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, este grupo de vecinos considera que "unas administraciones públicas mínimamente responsables deberían aceptar la situación jurídica derivada de las sentencias y colaborar con la Justicia en el cumplimiento de las resoluciones".
Esta decisión del TSXG valida el fallo de 2015 en el que se señalaba el incumplimiento del Plan General de Ordenación Municipal de Monterrei. Aunque la sentencia no se pronunciaba sobre el uso turístico de este espacio monumental, determinaba que el acuerdo municipal "excede claramente" los parámetros de superficie máxima edificable permitida por la ordenanza, así como el número máximo de plazas hoteleras.
En concreto, la norma para este tipo de edificios permitía únicamente una superficie máxima edificable de 300 metros cuadrados y un máximo de 10 plazas -entendidas como habitaciones-, mientras que la licencia autorizaba más de 2.000 metros cuadrados edificables y 12 habitaciones.
Ante la anterior sentencia, la Xunta destacó en su momento que el juzgado no observó ilegalidad en el proceder de la Administración autonómica, toda vez que el acuerdo anulado tiene carácter municipal. Además, Turismo defendía que la sentencia permite "continuar con el uso hotelero de esta infraestructura".
