El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) viene de anular la Ordenación Provisional Urbanística del Concello de Ourense, que afecta a treinta ámbitos de actuación: quince de iniciativa pública y otros tantos de carácter privado. Las sentencias de la Sala Contencioso Administrativo del alto tribunal gallego esgrime en los fundamentos jurídicos para su anulación que no hubo exposición al público. Esto supone que a día de hoy está en vigor el planeamiento urbanístico de 1986.

La ordenación provisional urbanística que aprobó la Xunta el 29 de septiembre de 2011, contra la que se presentaron un total de nueve recursos judiciales, en unos casos solicitando la nulidad de la norma urbanística en su totalidad, y en otros solo en casos que afectaba a la iniciativa privada, cuatro años después es tumbada por el TSXG, en varias sentencias que no son firmes y contra las que se puede presentar el correspondiente recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Y aunque desde el concello se indica que no se recibió la totalidad de las sentencias, el concejal de Urbanismo, José Cudeiro, reconocía a FARO que "no sorprende la anulación", para confirmar que la estrategia a seguir pasa por la presentación del recurso de casación. Aunque aclara que "primero tendremos que estudiar con los técnicos el contenido de esas sentencia", que tiene como argumento central de la anulación que no hubo exposición al público.

Así, en una de estas sentencias a las que tuvo acceso FARO señala que "un aspecto esencial para la decisión del tema litigioso es el relativo a la planteada omisión de información pública en el procedimiento de elaboración de la impugnada normativa de ordenación provisional. En sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo". Para hacer referencia a la anulación de las normas subsidiarias urbanísticas en el concello lucense de Barreiros.

Nuevo planeamiento

Dentro de esa estretegía del concello, que tiene como pauta de referencia la de presentar el recurso de casación, para la que tiene un plazo de 30 días, lo que se pretende es "ganar tiempo" para avanzar en la aprobación definitiva del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que cuenta con una aprobación inicial a finales del pasado mandato, por parte del anterior gobierno socialista.

Según las previsiones que maneja el responsable del área de Urbanismo, una vez se presente el recurso de casación, la decisión del Tribunal Supremo en el sentido de admitirla a trámite o rechazarla, podría demorarse por un periodo de dos o tres meses. Y si lo admite a trámite, su resolución se prolongaría un año más, como mínimo.

Eso permitiría al gobierno popular intentar conseguir el apoyo necesario con los grupos de la oposición y lograr un acuerdo