Emilia Irimia: "La vida no puede ser una tortura"

10.10.2016 | 08:53
Emilia Irimia. // Víctor Echave

"Morir en paz es un derecho", subraya la asociación "Derecho a Morir Dignamente". La plataforma, con más de 5.000 miembros en toda España y unos 200 en Galicia, reivindica el derecho de los enfermos terminales a fallecer sin padecimientos si éste es su deseo expreso. DMD cree factible que, algún día, España legalice la eutanasia. "¿Por qué morir? Morir es jugarnos a una sola carta toda nuestra vida, es apostarlo todo al deseo de encontrar un lucero que nos alumbre un nuevo camino", escribió Ramón Sampedro.

- ¿Se despenalizará la eutanasia?

- Nuestro objetivo fundamental es defender el derecho de cualquier persona a vivir con dignidad y a morir también con dignidad y con su propia autonomía. Luchamos para que la ley cambie, se derogue el artículo 143 del Código Penal que castiga la ayuda al suicidio, y España pueda tener una ley de eutanasia o suicido asistido, que ya existe en varios países de Europa y América del Norte y el Sur, o en la India. Una eutanasia médicamente asistida y para aquellos casos en los que desde el punto de vista médico se constata que no hay solución al dolor y el sufrimiento. Defendemos la vida por encima de todo, por supuesto, pero entendemos que la vida no puede ser una tortura. La vida es digna mientras compense vivirla.

- ¿Hay sensibilidad social con introducir el debate en la primera línea?

- Casos como el de la niña Andrea, del que ahora se cumple un año, llevan el debate a la opinión pública. Es muy llamativo el número de personas a favor de la eutanasia o el sucidio asistido. El estudio oficial más reciente, el encargado por el Ministerio de Sanidad, en 2009, siendo ministro Bernat Soria, pone de manifiesto que solo un 4% de los encuestados desearía que se prolongase su vida de forma artificial cuando no hay esperanza de curación. El 64% se declaraba total o bastante convencido de que lo correcto es ayudar a morir al paciente en situación de sufrimiento y el porcentaje alcanza el 73 % cuando se trata de estar a favor de la eutanasia; sólo el 14% de encuestados se opone completa o parcialmente. Además, en contra de la abierta oposición de la jerarquía católica, el 70% de los que respondieron se declaraban católicos.

- ¿Está garantizada la muerte sin sufrimiento en la actualidad?

- En Galicia, que no fue la primera comunidad en hacerlo, se aprobó una ley, la 5/2015 de Dereitos e Garantías das Persoas Terminais, con una legislación bastante aceptable sobre la muerte digna.En Galicia no tiene por qué darse una mala muerte, pero también influye el médico y el equipo de paliativos que te toque. Según esa ley, que entró en vigor en agosto del año pasado, el paciente tiene derecho a la información que el médico tiene el deber de facilitarle, y una vez sabido el diagnóstico el enfermo puede elegir un tratamiento o no, y en cualquier momento del proceso puede interrumpirlo.También tiene derecho a una habitación individual en la unidad de paliativos, por lo que la familia debe solicitarlo.

- ¿Por qué depende del médico?

- Con un enfermo oncológico o con un paciente terminal senil no suele haber problemas para aplicar la sedación paliativa; es más complicado en el caso de personas jóvenes. Hay personal sanitario que respeta la ley, es compasivo y se da cuenta de que el sufrimiento no tiene por qué darse. Pero hay casos de profesionales que no son tan sensibles. En España se muere según el médico que te toque.

- ¿Es recomendable dejar escrito qué querríamos al llegar a un estadio sin retorno de enfermedad?

- La muerte es un tema tabú del que no se habla, y es un error, porque tenemos que tener claro que es inevitable y deberíamos organizarla. Desde la DMD recomendamos firmar el documento de instrucciones previas, o testamento vital, con el que podemos dejar escrito cómo queremos que se nos trate. Si en un determinado momento renunciamos a que se nos prolongue artificialmente la vida o a un encarnizamiento terapéutico.

- ¿Se aplica todo lo establecido en la ley gallega de muerte digna?

- La Xunta aún no ha dado la publicidad recogida en la ley ni ha promovido entre la población el documento de instrucciones previas. Tampoco se ha facilitado a los profesionales la suficiente información. La ley es universal para todos los gallegos, pero no tienen los mismos derechos, en la práctica, un vecino de una de las 7 ciudades, con unidades para tramitar dicho documento, que uno del rural.

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