Este lunes, en su primer acto de celebración del día del cuerpo, el comisario de Policía Nacional de Ourense, Antonio Álvarez, expresó su deseo de que el esclarecimiento aún pendiente del robo de las armas y el cierre de la investigación interna ayuden a "pasar página" tras un año lleno de sobresaltos. Antonio Pousa, secretario provincial del principal sindicato, el SUP, mantiene que la actuación de Asuntos Internos, partiendo de anónimos e imputando a cuatro policías antidroga -apartados desde entonces-, fue "desproporcionada".

- El lunes se ausentaron un año más de los actos de celebración del patrón, en desacuerdo con el criterio para la concesión de medallas.

- Entendemos que la Comisaría de Ourense está discriminada con respecto a otras demarcaciones provinciales. Este año solo se concedieron 7 pese a que se propusieron 11. Además consideramos que la norma, que data de 1965, es absolutamente discrecional. La concesión debería adaptarse a la realidad actual y velar por la justicia.

- El comisario mostró su deseo de poder "pasar página" tras un año oscurecido por el robo de las armas, la Zamburiña y el suicidio del policía que se autoinculpó.

- El ambiente no era el más propicio; estábamos bajo la mira de la ciudadanía y, sumado a la presencia de Asuntos Internos, la plantilla estaba a la defensiva y un poco susceptible a la hora de relacionarse, con desconfianza. Pero el buen hacer de los funcionarios hizo que la Comisaría siguiera funcionando.

- ¿Ya no hay suspicacias dentro?

- El clima ha mejorado. Supongo que el tiempo va curando las heridas un poco, pero todavía sigue la sospecha de si hemos llegado al fondo del asunto o la cuestión está por resolverse en la totalidad. En la última reunión trimestral pregunté al comisario si la investigación interna estaba ya finalizada y confirmó que continuaba en curso.

- Asuntos Internos apuntaba a una especie de mafia policial, pero la causa judicial no llegó a tanto.

-Mantenemos que la actuación fue desproporcionada. Los funcionarios continúan suspendidos de empleo y sueldo, algunos incluso han sido expedientados, y siguen sufriendo la presunción de culpabilidad. Sin embargo, el mismo juez que lleva la causa ha sido imputado y no fue suspendido de funciones, lo que deja en evidencia el estado en el que nos encontramos los funcionarios de Policía.

- Ustedes defienden que el trato con confidentes es necesario para obtener incautaciones de droga.

- Hay un ejemplo claro, la Audiencia Provincial de Granada acaba de absolver a un subinspector que estaba acusado de revelar datos oficiales a confidentes. El juzgado entendía que la información pretendía obtener mejores réditos policiales y, como mucho, los hechos solo deberían constituir una infracción administrativa. En Ourense vemos que casi cada semana se celebran juicios por operaciones de estos funcionarios suspendidos, y en todos se acredita que su intención y su práctica policial iban encaminadas a atrapar traficantes. Aquí, Asuntos Internos inicia una causa por un anónimo al que da toda la credibilidad, sin hacer las comprobaciones pertinentes y supuestamente para resolver la desaparición de 6 pistolas. Pero realmente las 3 que han aparecido no fue gracias a sus pesquisas, sino más bien todo lo contrario. Por todo esto entendemos y mantenemos que su actuación fue desproporcionada e injustificada. Estar bajo la pena de banquillo y estropear una carrera profesional a estos funcionarios, entendemos que es algo desproporcionado. En la sentencia del caso de Granada se alude a que la cuestión compete al procedimiento administrativo, no al ámbito penal. Si aquí hubo una mala práctica por exceso de celo, el régimen disciplinario de la Policía debería haber sido el cauce.

- ¿Es suficiente la plantilla?

- No, hay un déficit del 22% con respecto al catálogo. Este año se redujo en 8 efectivos por pasos a segunda actividad, jubilaciones y bajas, y solo se incorporaron 2. La falta de personal es un lastre de los últimos años. Por si fuera poco, el desmantelamiento del grupo de drogas obligó a conformar uno nuevo y dejó en nada la creación de la brigada UPR.

- ¿Afecta a la seguridad?

- Obviamente repercute en todos los servicios, pero la brigada que más lo sufre es Seguridad Ciudadana. Hay fines de semanas con uno o dos coches patrulla y sucede más a menudo de lo que sería conveniente. En especial los fines de semana y noches es cuando más se nota. Evidentemente, no es lo mismo disponer de tres o cuatro "zetas" para patrullas y labores de prevención, que tener a uno ocupado y que haya que derivar a la Policía Local, que también tiene sus problemas de personal. La seguridad es un pilar básico del estado de bienestar, al igual que la educación y sanidad. Sin seguridad no hay libertad, por eso insto a los ciudadanos a que reclamen una seguridad pública integral y de calidad.

- ¿Tienen material suficiente?

- Es necesaria la renovación de la flota de coches camuflados, algunos bastantes antiguos y ya conocidos por muchos delincuentes. Además faltan los vehículos propios de la UPR y solo un tercio de la plantilla tiene chaleco antibalas. También hay carencias en cuanto a la uniformidad, algún compañero pidió un jersey hace un año y sigue sin él. En materia de formación llevamos dos años sin acciones presenciales en la Comisaría. Hay una importante carencia para luchar contra la ciberdelincuencia pese a que llevamos tiempo reclamando formación específica, y tampoco se ha instruido a la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) sobre los nuevos protocolos de violencia de género.

- ¿Cómo valoran la gestión del comisario Álvarez Valencia, que ya ha cumplido 6 meses en el cargo?

- De cara al ciudadano, notamos más comunicación con los medios y se transmite una mejor imagen. A nivel interno el diálogo es bueno, le trasladamos cuestiones de interés general y en cierta medida las atiende y da trámite a otras instituciones. Hay buena voluntad y disposición pero los resultados no son óptimos, hay algunas carencias que ya teníamos y siguen sin resolverse.