Condena millonaria a los propietarios de dos pizarreras por delitos fiscales de 2002

Una juez impone en dos causas distintas 3 años de prisión más multas, para cada uno, e indemnizaciones que suman casi 3 millones - Afecta a dos hermanos; el tercero falleció

08.10.2016 | 02:53
Sede provincial de la Agencia Tributaria, en la calle Concordia esquina Santo Domingo. // Jesús Regal

La lentitud de la justicia encuentra un caso paradigmático en el proceso contra los propietarios de dos pizarreras de Valdeorras, Ipisa e Iberoitaliana de Pizarras, que han sido condenados en primera instancia por delitos fiscales del ejercicio de 2002. Una misma juez, la titular del Penal 1 de Ourense, María Blanca Díez, impone penas de cárcel sin efectos y multas millonarias a Siro V. R., de 76 años, y a Alberto V. R., de 82. El tercer hermano, inicialmente acusado, ya había fallecido. Ostentaban los cargos de presidente, vicepresidente y secretario del consejo de administración de las mercantiles.

Los procedimientos por la vía penal se iniciaron en el juzgado de O Barco de Valdeorras en el año 2006. Llegaron a juicio en noviembre y diciembre, respectivamente, del año pasado. Las sentencias han sido dictadas casi un año más tarde y ni siquiera son firmes. Los acusados aún tienen la posibilidad de recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial de Ourense. Las dilaciones indebidas de las causas les han servido de atenuante.

El fraude a la Hacienda Pública cometido por los pizarreros en la mercantil Ipisa fue cifrado en 126.672,37 euros, la cantidad que la sociedad dejó de ingresar en relación al Impuesto de Sociedades del ejercicio fiscal de 2002. La empresa incumplió la obligación de llevanza de la contabilidad en ese año y el anterior, 2001. Las cuentas anuales no fueron aprobadas ni depositadas en el Registro Mercantil.

El inspector tributario de este caso fue el exalcalde Agustín Fernández. Se determinó en 126.000 la cantidad no ingresada en impuestos ante la imposibilidad de determinar de otro modo las partidas de ingresos y gastos, activos y pasivos de la entidad. La contabilidad era incorrecta y no reflejaba la realidad de la empresa. Entre otras cuestiones, no existían justificantes de buena parte de los gastos y el importe de las ventas declaradas apenas cubriría los costes de personal.

Por el fraude de Ipisa, los dos hermanos son condenados a 1 año de prisión cada uno y al pago del triple de la cantidad defraudada (380.017,11 euros), así como la pérdida a recibir ayudas públicas y gozar de incentivos fiscales durante un periodo de 3 años. Pero además la condena obliga a los acusados a indemnizar a Hacienda, conjunta y solidariamente, con la empresa como responsable civil subsidiaria, por el importe del fraude (126.672,37 euros) más intereses.

La condena se suma a otra mayor desde el punto de vista económico, la relativa a un fraude de 354.410,22 euros, por el Impuesto de Sociedades y el IVA de 2002 que no se abonaron a Hacienda por parte de Iberoitaliana de Pizarras, la otra mercantil en la que los acusados tenían idénticos cargos.

La mercantil también incumplió la obligación de llevanza de la contabilidad y no aprobó ni depositó las cuentas anuales de 2002 en el Registro Mercantil. De nuevo como consecuencia de la actividad inspectora y ante la imposibilidad de determinar con exactitud las partidas de ingresos y gastos reales, por las irregularidades contables, en aplicación del régimen de estimación directa, la empresa dejó de ingresar 191.200,79 euros del Impuestos de Sociedades de 2002, así como 163.209,43 en relación al IVA del mismo ejercicio fiscal.

Las defensas plantearon que habían prescrito los delitos, pero la juez rechaza el alegato citando una resolución firme de la Audiencia.

Entre otras irregularidades, la inspección tributaria detectó partidas de ingresos, gastos y pagos sin justificar, o facturas falsas para hacer trasvase de fondos de una sociedad a otra sin contraprestación alguna. La juez comparte que los acusados "eran conscientes de que había irregularidades en la contabilidad, la cual no reflejaba la verdadera situación de la empresa". Para cada uno de los dos acusados impone, en este caso, 2 años de prisión, imposibilidad de recibir ayudas en 6 años y multa del triple del fraude por cada delito, lo que da un total de 2,13 millones.

Como en la otra causa, hay que añadir la responsabilidad civil compartida entre los hermanos y la mercantil: los 354.410,22 euros defraudados en el IVA y el Impuesto de Sociedades de 2002, más intereses.

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